¿Ya vieron la última encuesta sobre el estado de derecho del Proyecto de Justicia Mundial (WJP)? Preguntaron a 2,508 guatemaltecos en cuatro regiones del país si habían tenido que pagar sobornos en los últimos tres años. Un 25% admitió haber pagado un soborno para obtener un permiso o documento gubernamental, 13% lo hizo para recibir algún subsidio, 7% para colocar a un hijo en la escuela pública, 6% para obtener un documento de identificación y 4% para acceder al sistema de salud pública. Estos números son bajos comparados con los resultados de Belice, Honduras y Panamá.

Paradójicamente, creemos que vivimos en un entorno corrupto aunque no tengamos experiencias personales con la corrupción. Los niveles reales podrían ser comparables en Guatemala y Costa Rica, pero si somos más autocríticos los chapines, tales mediciones arrojarán números más deprimentes para este país. Además, el ser cuestionados constantemente si creemos que nuestro gobierno es corrupto, podría inducirnos a concluir de que sí lo es. La insistente exploración se convierte en una profecía autocumplida.

El WJP también indagó sobre nuestra impresión de los tres poderes del Gobierno. La percepción del Congreso se ha deteriorado en siete años: un 68% de los encuestados juzga a los legisladores de ser mayormente corruptos, comparado con 48% en el 2013. Alrededor de la mitad de los entrevistados sospecha de los funcionarios del Organismo Ejecutivo. En lo que respecta al Organismo Judicial, un 36% considera que la mayoría de jueces y magistrados son corruptos, mientras el resultado para los abogados defensores y los fiscales es de 32% y 34%, respectivamente.

Mal de muchos, consuelo de tontos: es planetaria la crisis de desprestigio de la clase política. El 54% de los consultados desconfía de sus servidores públicos y 63% sospecha de la clase política en general, reporta el Monitor Global de Confiabilidad con base en 19,570 entrevistas levantadas en 28 países (2021). En el continente americano, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), de un punteo máximo de 4, las personas confían más en sus familias (3.4) que en el público en general (2.4) y los políticos (1.9). Un estudio en Europa (OECD) concluye que 4 de cada 10 desconfían de los políticos, aunque en algunos países la deshonra es casi completa: 92.2% de los rumanos y 72% de los italianos creían que su parlamento era corrupto en 2021. Incluso un 63% de los usualmente confiados japoneses hoy sospechan de sus autoridades, en parte por su manejo de la pandemia.

Confrontamos un círculo vicioso. En los países donde las leyes son arbitrarias y confusas y los funcionarios gozan de abundante discrecionalidad, es decir, donde las instituciones del estado de derecho son débiles, proliferan las oportunidades de corrupción. A su vez, repetidos actos corruptos alimentan la desconfianza. Al perder el respeto por la clase política, los ciudadanos están más inclinados a irrespetar leyes y eludir el pago de impuestos. Se encogen de hombros y se justifican diciendo que “todos los hacen”. Las personas honradas evitan inmiscuirse en la desprestigiada política. Así, se erosiona más el estado de derecho, se desincentiva la inversión, y la sociedad se empobrece.

¿Cómo rompemos este ciclo? Por un lado, no nos atormentemos pensando que somos el país más corrupto del universo. Tampoco nos decantemos por gestos dramáticos pero superficiales, como el encarcelamiento de todos los expresidentes y selectos chivos expiatorios. Mejor tomemos pasitos incrementales hacia el estado de derecho con medidas como la simplificación administrativa, las tarifas únicas, la contabilidad abierta y los candados a la búsqueda de rentas.