En el lapso de un cuarto de siglo, en Centro América pasamos de tener la misión de construir la paz duradera, por medio de impulsar un desarrollo humano y económico más incluyente, a ser países exportadores de seres humanos que huyen del hambre, la pobreza y la violencia. Honduras y Guatemala en particular. En el caso de Guatemala, hemos visto como el país pasó de estar secuestrado solo por los poderes tradicionales, bien identificados por la historiografía económica y política, a ser un país secuestrado también por otros actores que fueron emergiendo a lo largo de este cuarto de siglo; mismos que también quieren ocupar su espacio en la cúspide de la escala social y económica del país que se ha mantenido “cabal” por mucho tiempo. Para ello, iniciaron sus procesos de acumulación primaria de fortuna a costa del Estado, tal y como ocurrió en siglos pasados, lo que les ha permitido independencia política y económica. Pasaron de ser políticos al servicio de la elite a servirse a sí mismos y claro está, a otros poderes. Lo vemos en la actual conformación del poder en el Congreso. Un país inundado, además, por la economía del delito, que encontró en la Centro América de caciques y aspirantes a caciques mucha materia permeable; y Estados donde el Estado de Derecho, que es el fundamento de las repúblicas y democracias occidentales, es tan solo una quimera.

Estos tres poderes se han imbricado en una trenza: unida por ahora, por el interés de construir un muro de impunidad a su derredor, y por el afán de controlar totalmente los engranajes del Estado para consolidar sus intereses y respectivos modelos económicos y de negocios. Unos, con la apropiación de los recursos y negocios públicos; otros con la apropiación de las riquezas de suelo y subsuelo y los otros, teniendo plena libertad de usar el territorio sin interferencia. Los caminos de los tres se entrecruzan en el control del Estado y del aparato institucional.

En este contexto, si bien hay ciertas grupos y sectores de la sociedad que reciben un salpique, en general, la mayor parte de la gente sobra y estorba. De ellos, lo que se quiere y espera, es que consuman, no que pretendan jugar un papel que conmocione el estado de las cosas. Les estorba especialmente la gente del área rural (unas 6.8 millones de personas según el último censo), por eso vemos tanto abuso y atropello ser cometidos en contra de ellos; tanto líder comunitario asesinado impunemente.

Durante dos décadas, la migración al Norte fue la válvula de escape de esta situación. Desfogó la presión social a la que suelen empujar el hambre y la necesidad de subsistir; las remesas trajeron grandes réditos para el país, dado su importante rol como pilar de la estabilidad macro-económica; engrasan tanto el sistema financiero como dinamizan las economías locales, por lo que las remesas han permitido también, de alguna manera, conservar la gobernabilidad en medio de tanta desigualdad y exclusión. No es gratuito, por tanto, el creciente interés en monitorear el continuo crecimiento de las remesas.

Sin embargo, la migración como válvula de escape, quedó obstruida por la política migratoria norteamericana de los últimos años. Por mucho que haya cambios con la entrada del próximo gobierno, me cuesta pensar que la ruta trazada, de convertirnos en Estados gendarmes de nuestros vecinos, se vaya a modificar a corto plazo. Cierto, no ha afectado el flujo de remesas, que para muchos es lo único que interesa. Nada más lejano del modelo de integración regional que constituir a los países centroamericanos en prisiones para sus propios ciudadanos.