Hace 19 años que Erika Aifán es jueza. En el 2002 la CC ordenó su designación al resolver con lugar el amparo que interpuso tras la negativa de la CSJ de nombrarla, a pesar de tener la mejor calificación en la Escuela de Estudios Judiciales. Así llegó al juzgado de Ixchiguán, San Marcos.

Ese hecho que marcó el inicio de su carrera es la muestra más clara de su firmeza y su convicción de que nadie es superior a la ley. Con 27 años, Erika Lorena Aifán Dávila puso a prueba el sistema y consiguió restituir sus derechos vulnerados. A partir de ahí ha demostrado su ética e independencia a la hora de impartir justicia. Y por eso es que no cesan los ataques en su contra.

Después de Ixchiguán fue durante nueve años jueza de primera instancia penal en Jutiapa. Estuvo un año en Santa Rosa, donde integró el Tribunal de Sentencia y desde 2016 tiene a su cargo el Juzgado D de Mayor Riesgo. El hostigamiento en su contra ha ido en aumento, en la medida en que avanzan los expedientes por casos de gran corrupción que ella conoce.

La mayoría involucra a personajes de enorme poder político, económico y judicial. Redes criminales que habrían pagado sobornos para obtener contratos de obra pública (casos Odebrecht, Construcción y Corrupción y Casa Antigua, la de las maletas con Q122 millones). Estructuras integradas para recibir beneficios por cobros millonarios de comisiones ilícitas (Red Política y Lavado) o para influir indebidamente en el nombramiento de la actual CSJ y cortes de Apelaciones (Comisiones Paralelas 2020). También el proceso por financiamiento electoral ilícito que un grupo de empresarios de la cúpula económica le dio a FCN en la campaña que llevó a Jimmy Morales a la presidencia.

En un país como el nuestro, donde el sistema de justicia está cooptado, las y los jueces y fiscales independientes representan un obstáculo para las mafias. En su búsqueda por obtener impunidad, estas redes intentan por todos los medios quitarlos del camino. No quieren investigaciones ni juicios, y mucho menos condenas.

Para lograr sus propósitos utilizan diversos mecanismos. Las campañas de desprestigio, desinformación y amenazas a través de medios afines al poder y redes sociales: Por ejemplo, el 10/9, desde una cuenta en Twitter ,se amenazó de muerte a la jueza Aifán. También se infiltró su equipo de trabajo: La jueza ha interpuesto más de cien denuncias disciplinarias contra funcionarios de su juzgado por pérdida y sustracción de expedientes, filtración de información, filmaciones de actuaciones judiciales y de sus movimientos. A pesar de ser faltas gravísimas que ameritan destitución, la decisión de las autoridades del OJ fue el traslado del personal. La criminalización por la vía de procesos disciplinarios sin sustento y denuncias penales espurias es otra forma de hostigamiento: En el MP hay ocho querellas en su contra que la fiscal general se niega a desestimar, aun y cuando es evidente el uso malicioso de figuras legales para despojarla de su inmunidad. Por el contrario, las denuncias que Aifán ha colocado por la vigilancia en su casa y los seguimientos de carros sin placas fueron archivadas.

Lo que más preocupa son las dos solicitudes de retiro de antejuicio que la CSJ debe resolver. Las dos son denuncias maliciosas. Una interpuesta por el exjuez Mynor Motto y la otra por el Instituto de Magistrados. Esta última fue admitida por la Suprema, pero la anterior CC la dejó en suspenso al otorgar amparo provisional. Si la CSJ las declara con lugar, la jueza podría ser separada de su cargo mientras se investiga e, incluso, ser enviada a prisión.

Erika Aifán es un símbolo de la lucha contra la impunidad. De la dimensión de su valentía y su independencia son los ataques que recibe. Del tamaño de su dignidad y entereza debería ser el respaldo ciudadano.