El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la semana pasada su declaración final sobre la misión de la Consulta del Artículo IV correspondiente al 2022. El Artículo IV incluye una declaración a los medios y la presentación de un documento que contiene una evaluación periódica que realiza el FMI a sus países miembros que se publicará a finales de mayo.

La declaración final reconoce cómo las perspectivas económicas siguen en general siendo positivas y el camino que se está desarrollando a través de una agenda de crecimiento impulsada por proyectos que están contenidos en la iniciativa Guatemala No se Detiene, un esfuerzo de política pública enfocado en aumentar la atracción de inversión con el objetivo de generar más de 2.5 millones de empleos adicionales al año 2030, mediante un fortalecimiento de las capacidades del país de generar mayor infraestructura, capital humano y certeza jurídica.

Y es que luego de los efectos ocasionados por la pandemia del covid-19 la declaración final reconoce los riesgos externos promovidos en su mayoría por la volatilidad de los precios de las materias primas, amplificados por la guerra de Ucrania, generan nueva incertidumbre que podría acelerar presiones inflacionarias mundiales que afectaría a las poblaciones más vulnerables.

Un aspecto importante de la declaración es su enfoque en esfuerzos por hacer frente a necesidades sociales de larga data, algo que el sector empresarial organizado también ha remarcado para ampliar la base tributaria, continuar las reformas hacia la tecnificación y digitalización de los servicios del Estado que le permitan mayor eficiencia y calidad en la ejecución del gasto público y mejorar los sistemas que ayuden a generar mayores ingresos, así como reformas encaminadas a la transparencia y enfoque en los servicios sociales especialmente en agua, educación, salud y mejora de la capacidad productiva.

También se reconocen las reformas necesarias al marco de gobernanza de la infraestructura, con claras recomendaciones que permitan mejorar las fases de planificación, asignación e implementación de la gestión de inversión pública, algo que se ha establecido requiere un esfuerzo conjunto con el Congreso de la República, para que tal y como lo recomendó el FMI en el documento publicado en el 2019, se logre aprobar la iniciativa 5431 Ley General de Infraestructura Vial, que ayude a dotar de un mejor marco regulatorio a la inversión pública en carreteras y aumente la formación bruta en capital fijo en 2%, ayudando a reducir la pobreza extrema en el país.

Estos esfuerzos aunados a reformas encaminadas a mejorar el entorno judicial y legislativo con un enfoque claro hacia los resultados tendrán un mayor impacto en la agenda social de desarrollo productivo del país, si se continúa trabajando en convenios pendientes por ejemplo que van encaminados a aumentar la formación en capital humano y generar mejores condiciones a la inversión y certeza jurídica. Este tipo de enfoque práctico que ayuda a generar indicadores conjuntos está logrando metas de muy corto plazo en atracción de inversión y aumento de la inversión pública en infraestructura.

No podemos soslayar que Guatemala tiene áreas que requieren mayor inversión y para poder generar mejores servicios fuera del área metropolitana, se requiere aumentar la productividad en las ciudades intermedias identificadas en la Política Nacional de Competitividad, un esfuerzo conjunto del Estado para promover ciudades que sean resilientes, ordenadas, incluyentes y competitivas, capaces de contar con una agenda clara de desarrollo sostenible.