El Fondo para la Paz publicó a finales del mes pasado los resultados del Índice de Estado Frágiles 2019. En su última edición, los países que representan una menor capacidad estatal a nivel global son Yemen, Somalia y Sudán del Sur. En contraposición, los países con Estados más sólidos son Finlandia, Noruega y Suiza. En el caso de América Latina, llama la atención la capacidad de países como: Uruguay, Chile, Costa Rica, Argentina y Panamá, como los cinco países con instituciones más fuertes.

Estado Frágil hace referencia a una serie de condiciones que debilitan al Gobierno con relación a la demanda económica, política y social de una sociedad. Para evaluar este tema, el índice integra 12 elementos sobre los cuáles se evalúa la capacidad de respuesta del Gobierno a las necesidades que enfrentan sus ciudadanos, cada uno de los cuales se evalúan en una escala de 0 a 10, por lo que la evaluación más alta que un país puede obtener es 120 puntos, lo que conlleva a un Estado Fallido.

El término Estado Frágil también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha hecho ineficaz, al momento de cumplir las funciones que le han sido asignadas en materia de seguridad, justicia, transparencia y desarrollo social y económico. El mayor énfasis que se hace a este respecto es la capacidad con la que cuenta un Estado para hacer cumplir las leyes de forma uniforme, manifestándose su incapacidad en las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial y situaciones en las que la sociedad actúa de forma independiente ya que el Estado no ha podido realizar sus tareas con éxito.

En el caso de Guatemala, se ubica en la posición 57 de 178 países, donde el posicionamiento representa mayor fragilidad (Finlandia es el menos frágil, está en la posición 178), el país necesita trabajar más en cómo fortalecer la gobernabilidad y desarrollar mecanismos para reducir la desigualdad económica y la migración, especialmente la fuga de talento.

Si bien el país mejoró dos posiciones en el último año, la calificación apenas y tuvo resultados positivos. El indicador de intervención extranjera fue el que mejor fue evaluado, resultando irónico que ahora el Gobierno pretendía hipotecar el futuro del país firmando un acuerdo de “Tercer País Seguro” que nos hubiera llevado a más desesperación y miseria. Según un comunicado publicado ayer, el convenio ya no se estaría llevando a cabo de momento, y ojalá no se materialice nunca.

Una de las desventajas para nuestro país es que las reformas necesarias sobre Ley Electoral y de Partidos Políticos, Servicio Civil, reforma al Sector Justicia, ley de Probidad, se encuentran engavetadas, esperando a lo mejor al siguiente Congreso.

Estar entre los países con uno de los Estados más débiles del mundo, también genera una gran responsabilidad. Esto implica articular un ecosistema en el que se fomente la capacidad para elevar la productividad. Los indicadores sociales como presiones demográficas y desastres naturales, desplazamiento de personas, tensiones y violencia entre grupos, fuga de capital humano, pobreza y reducción del desarrollo económico, disparidades por razones étnicas, la corrupción, provisión de bienes y servicios públicos, mayor independencia del poder judicial y un Estado que simplemente no vela por los derechos humanos, con fuerzas de seguridad poco capacitadas, presencia de élites e intervención de actores externos en los asuntos internos, son retos clave para que podamos seguir fortaleciendo al Estado para generar prosperidad.