Cuando se firmó la paz en 1996, muchos pensamos que era un momento de profundo parteaguas en la historia de Guatemala; al menos yo estaba convencida de que, si nos empeñábamos y poníamos lo mejor de nosotros, podríamos, efectivamente, superar poco a poco los principales problemas de desarrollo que nos aquejan como sociedad. Que la democracia imperfecta iría perfeccionándose paso a paso y, sobre todo, que la democratización era un proceso irreversible y progresivo; un camino a seguir, una forma de vivir que queríamos aprender, más que solo una meta a alcanzar.

Con los años vine a comprender que en estas dos décadas tal vez se logró llegar a compartir un diagnóstico básico de los problemas, en el cual aparecen el hambre y la pobreza de la mayoría de la población, la precariedad educativa y la falta de servicios de salud; pero, más allá de la apropiación de una retórica políticamente correcta, en realidad, hay nulo interés por modificar las condiciones fundamentales que perpetúan estos problemas y que explican el deterioro de los principales indicadores de desarrollo del país, así como la creciente, y cada vez más evidente, depauperación de la llamada “clase media”. No se cómo o por qué mágica razón, acá quieren que “todo mejore”, pero sin que se modifiquen, ni un ápice, los factores que cimientan y estructuran esta sociedad que da tanta riqueza y privilegios a unos pocos a costa de casi todos los demás. He allí la importancia de revertir el proceso democrático y tomar control absoluto del Estado.

Mantener el “orden de las cosas” a toda costa ya vetó la posibilidad de un desarrollo más incluyente y humanizado. Y como hay una creciente comprensión de este orden injusto, pues la única forma de mantener el control implica cercenar a las mayorías de sus derechos ciudadanos, cooptar las instituciones e infligir profundas regresiones democráticas. La historia ya nos enseñó a qué llegan los regímenes extremistas y totalitaristas, sean estos de derecha o de izquierda. Con la diferencia, respecto de lo que ha pasado previamente, que este proceso se acompaña ahora de una profunda descomposición social, motivada por la comprensión de muchos de que la única vía para el ascenso social en este “orden de cosas” excluyente es someterse y/o transitar por las rutas de lo ilícito y de la depredación del Estado y sus recursos. Eso genera la cuadrilla de gentes que ahora capturan el sistema de justicia, el Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, y que van ahora tras la Usac y la PDH, y cualquier otra instancia que todavía quede fuera de su dominio y expolio. Esto les permite el control de los recursos financieros del Estado, el control total sobre el territorio, sus recursos y sobre sus habitantes, en una reconfiguración total de la finalidad del Estado que ya ha sido ampliamente denunciada y descrita.

¿Qué va a quedar del país después de este frenesí depredador antidemocrático? Poco. Pero tampoco creo que el “orden de las cosas” vaya a quedar tal cual se imaginan los que sienten que acá siempre se han pensado como que solo ellos son merecedores de derechos y privilegios. La emergencia de toda una nueva casta de actores políticos y económicos, que ya no dependen de sus recursos financieros para avanzar su propia agenda, los obliga a nuevas formas de relación, de amalgamiento y seguramente provocará una redistribución del poder a favor de quienes logren imponerse finalmente en el control real del territorio y la población. Por como avanza esta dinámica, muy probablemente los carteles, hasta ahora ilícitos, parece que llevan la ventaja. Al menos ellos algo redistribuyen entre la gente, a diferencia de la elite que solo concentra, concentra y concentra, valiéndole nada el destino ajeno.