Dentro de las cualidades del ser humano están los llamados valores, que son principios, virtudes o cualidades que caracterizan y definen su pensamiento y la manera en cómo desea vivir y compartir sus experiencias con los demás. Los valores compartidos establecen el comportamiento y actitud de los otros, tendente a alcanzar el bienestar común. Sobresalen los valores humanos porque son reconocidos por todos, al estar relacionados con la ética, el respeto, la tolerancia, la bondad, la paz, la solidaridad, la amistad, la honestidad, el amor, la justicia, la libertad y la honradez, entre otros. Sin embargo, también están presentes los antivalores, hecho que nos obliga a buscar y mantener el equilibrio. Destaca la corrupción.

De Wikipedia extraigo su definición, como el conjunto de actitudes y actividades mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo misma, utilizando los privilegios otorgados con el fin de obtener beneficio ajeno al bien común. Si ese comportamiento se aplica a los gobernantes o funcionarios elegidos o nombrados, la corrupción viene a ser el mal uso o abuso del poder público para, de una forma u otra, enriquecerse o beneficiar a parientes, amigos o correligionarios.

La corrupción política puede definirse, entonces, como “toda violación o acto desviado, de cualquier naturaleza, con fines económicos o no, ocasionada por la acción u omisión de los deberes institucionales de quien debía procurar la realización de los fines de la administración pública y que en su lugar los impide, retarda o dificulta”. La vemos en el uso ilegítimo de información privilegiada, sobornos, tráfico de influencias, evasión fiscal, extorsiones, fraudes, malversación, prevaricación, caciquismo, compadrazgo, cooptación, nepotismo y otros. El término opuesto a corrupción política es transparencia.

En otras palabras, somos seres imperfectos que nos debatimos entre el bien y el mal, debemos escoger entre la virtud y el vicio y caminar por la delgada cuerda de la corrupción y la transparencia. Aunque para algunos, como el anterior presidente de Guatemala, la corrupción en nuestro país es normal, según lo declaró sin siquiera sonrojarse durante una amplia entrevista en la TV internacional, al ser indagado sobre su hijo y hermano, señalados de ese mal.

A nivel mundial, el covid-19 sacó a luz los valores y antivalores de sus dirigentes, de ahí la manera como enfrentaron la crisis. En Guatemala, el nivel de deterioro al que se ha llevado la función gubernamental es una realidad repetida ad nauseam; realidad que ningún gobierno ha intentado cambiar, bajo la sempiterna premisa de que se llega a los cargos públicos con el objetivo del enriquecimiento ilícito.

Sin embargo, con un dejo de aparente solidaridad, en marzo pasado fue aprobada una considerable ampliación al presupuesto general para fortalecer el sector salud, que de acuerdo con las noticias que se publican a diario, es aprovechada por funcionarios y empleados públicos, municipales como estatales, para hacer negocios impúdicos.

A estas alturas de la vida democrática —35 años— la corrupción no debería sorprender, pues es el pan nuestro de cada día. Lo que sorprende es la desfachatez con que se ejerce, la vulgaridad del actuar de los “servidores públicos” y la obscenidad ante los rubros que manosean, permitiendo que en el río revuelto del covid-19 los hospitales estén desabastecidos de los insumos más perentorios, además de camas, infraestructura y medicinas, y al personal médico se le entorpezca el pago de su salario.

En otras palabras, si a los antivalores sumamos ignorancia y estupidez, entenderemos por qué estamos como estamos. ¿La Contraloría y el Ministerio Público actuarán de oficio?