Pocas veces hemos estado de acuerdo y unidos todos los periodistas de Guatemala, los medios de comunicación, televisivos, escritos y radiales, alrededor de un tema como hoy. Es histórico. Y es sobre el más importante y más elemental de los derechos humanos. El santo grial de la libertad: La libertad de emisión del pensamiento.

El basamento constitucional es simple: “La constitución establece que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna; y, asimismo, dispone que todo lo relativo a dicho derecho fundamental se regula en la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento”.

Cualquier persona con capacidad de comprensión de lectura, este mandato constitucional debería ser clarísimo. Sin embargo, por enésima vez garrafales errores cometidos en la definición e implementación de estrategias de conducción electoral, como la nefasta aprobación del “Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foros públicos entre candidatos en el proceso electoral”, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral están llevando a esa alta institución a una crisis sin precedentes. Y la razón es clara: ¡Todos los medios y periodistas de Guatemala no acataremos órdenes evidentemente inconstitucionales!

Las justificaciones de un vocero del TSE, aduciendo que el espíritu del reglamento es no favorecer “solo a los candidatos punteros”, y que se está velando para que haya equidad en los debates.

Es una ingenuidad pretender “homogenizar a los chiquitos con los punteros. La pretensión parte de la premisa que los candidatos punteros pueden ser obligados a participar en un foro o debate. Lo que lograran con esto es que solo vayan los candidatos “chiquitos”, y los punteros se replieguen porque no tienen nada que ganar y mucho que perder asistiendo a este tipo de actividades.

Luego, esta patética insistencia de generar una supuesta equidad lo que en realidad logrará es una ausencia de debate, foros y entrevistas bajo reglas absurdas de conducción que para cualquier periodista con alguna experiencia sabe perfectamente que no funcionan.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos ha causado enormes lagunas, dudas e incertidumbres, amén de una serie de violaciones a la Constitución que desde su aprobación hace más de un año, las cámaras gremiales de medios y de periodistas nos opusimos interponiendo amparos ante la Corte de Constitucionalidad. Lamentablemente se estrellaron con una postura de “no meterse”, lo cual ha generado que las razones de fondo, tanto operativas como legales para implementar las normativas de la LEPP, hayan continuado en una dirección de colisión total. El ejemplo es esta ley de foros y debates, que lejos de ayudar, está profundizando el problema llevando el sistema electoral a un punto de no retorno hacia el colapso.

La Cámara de Periodismo ha manifestado que “esta intervención ilegítima y abusiva es propia de regímenes autoritarios intolerantes y alérgicos al libre juego de opiniones y a la expresión de ideas”. “Y por lo tanto: A) Condena la pretensión de la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral de censurar a la prensa a través de controlar los debates, entrevistas y foros públicos durante el proceso electoral; B) Demanda de la autoridad electoral la inmediata derogación del Reglamento para la organización de debates, entrevistas y foro públicos entre candidatos (as) durante el proceso electoral; y C) Se reserva la adopción de las acciones legales correspondientes, para dejar sin vigencia dicho Reglamento, o así como la promoción de la deducción de responsabilidades legales contra los magistrados que suscribieron el Acuerdo 99-2019 del Tribunal Supremo Electoral.”

Voto por la libertad…