A contraluz

¿Giammattei intenta otro jueves negro?

Haroldo Shetemul @hshetemul

A nadie engaña el presidente Alejandro Giammattei. Las turbas de supuestos vendedores del mercado la Terminal forman parte de un plan para hacer creer que se trata de un enfrentamiento entre manifestantes y ciudadanos contrarios a esas movilizaciones. En noviembre del año pasado, una protesta contra el gobierno fue reprimida brutalmente por agentes policiales, bajo las órdenes del ministro de Gobernación, Gendri Reyes, y el presidente Giammattei. Ahora cambiaron de estrategia y armaron a supuestos vendedores para que hicieran el trabajo sucio. Eso recuerda las acciones terroristas que impulsó en julio del 2002 el Frente Republicano Guatemalteco (FRG) para exigir la inscripción como candidato presidencial de Efraín Ríos Montt. Las turbas armadas con pistolas, machetes, palos y piedras asolaron varios sectores capitalinos. Se cubrieron el rostro para no ser identificados como eferregistas, pero a nadie engañaron sobre quiénes fueron los responsables de ese jueves negro.

Esa misma estrategia se ha utilizado en la Venezuela de Nicolás Maduro y en la Nicaragua de Daniel Ortega. En el 2018, las “turbas divinas”, armadas por la dictadura sandinista, se lanzaron contra los manifestantes contrarios a las reformas del seguro social. Esos grupos de choque tenían como consigna atacar a los críticos del gobierno, así como contra periodistas. Pues bien, el presidente Giammattei ahora recurre a este vergonzoso recurso, al lanzar a supuestos vendedores de mercado contra los manifestantes. Qué casualidad que pudieron movilizarse en vehículos a las áreas donde había manifestantes en el norte de la capital. Afortunadamente pudo más la prudencia de los dirigentes indígenas, principalmente de los 48 cantones de Totonicapán, que no se prestaron al juego de los grupos de choque oficialistas. El derecho a la manifestación está garantizado por la Constitución Política y los pueblos indígenas tienen suficientes razones para exigir la renuncia de Giammattei y la fiscal general, Consuelo Porras.

 

Solidaridad con los trabajadores de la PDH

La junta directiva del Congreso, dirigida por el oficialista Allan Rodríguez, retiene ilegalmente 20 millones de quetzales que corresponden al presupuesto del año pasado de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Esos fondos están previstos para el pago del salario de 700 empleados de esa institución, sin que exista ningún argumento válido para no entregar los fondos. Esa es una acción de venganza de Rodríguez y la alianza oficialista porque el procurador Jordán Rodas ha mantenido una lucha constante contra la corrupción y la impunidad. Pese a que han intentado removerlo y han inventado antejuicios en su contra no han podido retirarlo de su puesto. Por eso la cleptocracia recurre a esa criminal acción de negarles el sustento para sus hogares.

Desde el 18 de noviembre del 2020, la Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo a favor de la PDH para que pudiera recibir esos fondos. Sin embargo, la alianza oficialista ha mantenido una sórdida acción para no entregar el dinero porque su objetivo es ahogar económicamente al procurador y que los trabajadores de esa entidad se le rebelen. De esa manera intentan doblegarlo porque no han podido hacerlo por medio de otros ardides. Esa medida a todas luces arbitraria dice mucho de la calidad moral de quienes se han prestado a esa artimaña que ha afectado a los hogares de los trabajadores de la PDH. No solo es ataque contra el procurador Rodas, sino contra hombres, mujeres y niños que conforman los hogares de los empleados de esa institución. Sufren el embate de la banda criminal incrustada en el Estado que no quiere que nadie los señale. Basta ya, señor Allan Rodríguez.