Desde que inició la pandemia, muchos de los grandes goles que nos han metido se quedaron invisibilizados, debido a que nos hemos visto atrapados por el miedo al coronavirus, y, por ende, no prestamos atención a nada más. Lo peor es que nosotros los consumidores poca o ninguna idea tenemos sobre la entrada de los transgénicos a nuestro país, y detrás de ello está la Compañía Monsanto.

No obstante, hemos venido desestimando la forma de proteger nuestras semillas y medicinas naturales. Recordemos que los pueblos indígenas tienen derecho de mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales. Eso abarca sus ciencias, tecnologías y recursos humanos y genéticos. Específicamente abarca la potestad que tienen sobre sus semillas, medicinas naturales y su conocimiento ancestral. Lo que no terminamos de entender es que los pueblos indígenas protegen nuestro patrimonio cultural y natural, y por ningún motivo nuestras semillas deben ser manoseadas.

Sin embargo, sin que nos diéramos cuenta se dio la aprobación de la propuesta del Reglamento Técnico de Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso agropecuario. Este fue cocinado en el Ministerio de Economía (Mineco) a finales del 2019, seguido por el acuerdo ministerial No. 270-2019 del Maga, que le da viabilidad. Esta ha sido la manera perversa, con el común denominador de Monsanto, relacionada con el negocio de semillas transgénicas, afectando nuestra cultura, economía y modos de vida. Lo peor es que lo estamos permitiendo.

Ahora los transgénicos entran por la puerta grande a Guatemala, y con ello estamos poniendo nuestra salud en juego. Dichos transgénicos contienen porciones genéticas inestables y han sido creadas con genes de resistencia a antibióticos, y de resistencia a herbicidas.

Mientras en Guatemala permitimos el ingreso de Monsanto, con sus transgénicos, en países más avanzados —que conocen del daño que ocasiona— les han cerrado la puerta en sus narices. En países como India, México, Argentina, Estados Unidos, Canadá y otros se han comprobado riesgos en la agricultura. En un país en donde los agricultores juegan un papel preponderante es intolerable que permitamos la proliferación de supermalezas, genes suicidas, muerte de polinizadores, pérdida de biodiversidad y variedades nativas, entre algunas.

Creí que habíamos ganado la batalla en el 2014, cuando se logró la derogatoria de la ley para la protección de obtenciones vegetales (conocida como Ley Monsanto). En esa ocasión se determinó que era lesiva a los intereses de la población guatemalteca, al desestimarse “un mecanismo de búsqueda de consentimiento libre e informado”. Sin embargo, esta vez entró como un simple “reglamento” avalado por el Maga, mediante un acuerdo maloliente a azufre, por la participación de pseudoprofesionales que se dicen servidores públicos pero que sirven al demonio.

Espero que haya una forma de dar marcha atrás, pues, de no ser así, estamos entrando en un terrible hoyo negro. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad ya declaró sin lugar los amparos de quienes se oponen a estos viles contubernios. Y como siempre, bajamos la cabeza.

El Popol Vuh reza que el maíz es sagrado para los pueblos originarios. ¿Cómo, entonces, permitir que se alteren nuestras semillas? Levantémonos todos y pidamos revertir lo malhecho, pues ahora nuestros agricultores y campesinos estarán encadenados al pago por el uso de sus propias semillas. Con este absurdo acuerdo damos un paso adelante hacia la privatización de la vida, por lo que no debemos darle cabida.