En Guatemala estamos siempre en modo crisis, porque no atajamos las causas estructurales que las provocan. Y llegamos a septiembre 2020 con tres problemas medulares: 1.) Una crisis institucional y política en el Estado, que pone en grave peligro el incipiente atisbo de democracia que hemos construido. 2.) La corrupción que ha carcomido las entrañas de ese Estado y que, este gobierno, obedeciendo a la patronal, ha profundizado y 3.) La agudización de los problemas sociales en medio de la pandemia, que ha generado una mayor brecha en la desigualdad de acceso y oportunidades, ya existente.

Hablar de crisis institucional es referirse particularmente a la imposibilidad de elegir a las nuevas magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el debido tiempo y siguiendo los debidos procesos y criterios, por la desobediencia del pacto de corruptos a la Corte de Constitucionalidad (CC). Ese pacto se ha alineado desde la misma CSJ, el Congreso, el Ministerio Público (MP) y el Ejecutivo para impedir que en las Cortes haya un poder judicial independiente. ¿Dónde quedan la separación de poderes, el orden constitucional y el ejercicio de pesos y contrapesos que caracterizan a una democracia? Por el contrario, a los corruptos les incomoda la independencia de la actual CC y del procurador de Derechos Humanos (PDH). Por supuesto, los hilos del teatro de marionetas los sigue moviendo una patronal que defiende sus intereses de manera leonina y sin conciencia de país.

Ante esto, innumerables organizaciones, organismos y grupos de personas se han pronunciado dentro y fuera de Guatemala, pero el inesperado mensaje de Michael Kozak, subsecretario de Estado para asuntos hemisféricos de EE. UU., recibido por el canciller Brolo en su reciente viaje a República Dominicana, fue contundente: Washington no ve con buenos ojos los ataques a la CC desde los tres poderes del Estado guatemalteco. Acto seguido, el embajador de EE. UU. en Guatemala apareció en un acto público en la CC, dándole un fuerte espaldarazo.

El tema de la corrupción es viejo y va de la mano con lo anterior. Y es que el dinero no tiene solo valor material, sino que es hoy una eficaz y poderosa herramienta política. Siguiéndole la pista al dinero, identificamos claramente dónde comienza y dónde termina la podredumbre. Venimos de un 2015 que le puso nombres y apellidos a la corrupción, gracias al trabajo conjunto del MP de entonces y la Cicig. Pero la recomposición del pacto criminal que se dio en los gobiernos anterior y actual permitió sacar a la Cicig del país y retomar el control del MP, del Congreso y la CSJ, a través de sus operadores en esas instancias.

A esto podemos sumarle nuestra pregunta de ¿dónde está el dinero de los préstamos? Ese dinero no ha llegado a donde debía y además descentralizaron hacia los municipios la responsabilidad de ejecutarlo, pero resulta que los municipios no tienen la autoridad ni la autonomía reales para hacerlo bajo las medidas de contención y aislamiento porque, como sucedió en un municipio en rojo, la Cámara de Comercio se molestó porque las mercancías no podían circular libremente y tuvieron que retroceder en su decisión. Por el contrario, entre marzo y julio, 102 municipalidades gastaron más de Q48 millones en alimentos, pero Q24 millones se fueron a 16 empresas que jamás se habían dedicado a la venta de alimentos y que, incluso, se formaron luego de entrar en vigencia el estado de Calamidad, cuando se permite hacer compras sin licitar o cotizar (Guatemala Leaks).

Un fosforazo y prendemos fuego. La agudización de los problemas sociales es consecuencia de todo lo anterior, no solo de la pandemia. El hambre y la desnutrición, el racismo, la pobreza, la deforestación y contaminación, las violencias y conflictos sociales, los precarios sistemas de salud y educación, la falta de tierras, empleos, luz y agua potable, todo está allí. Esperando que lo atendamos o que el país se incendie.