La tormenta Eta nos encontró en peores condiciones que el huracán Mitch o que la tormenta tropical Stan. No solamente porque estamos en el medio de una emergencia sanitaria —de gestión errática y deficiente—, sino porque la pobreza, el abandono y la situación de vulnerabilidad de la mayor parte de la población se ha profundizado.

Pareciera que no hemos aprendido nada de las tragedias anteriores. Los videos y fotografías que circulan son idénticas a las que observamos en 1998 con el Mitch, en 2005 con el Stan o en el 2010 con Agatha. Personas en los techos de sus viviendas esperando que lleguen a rescatarles, comunidades destrozadas por las inundaciones y los deslaves, escenas de llanto y dolor por familiares muertos o desaparecidos, cosechas completamente arruinadas y familias que perdieron sus humildes viviendas y las pocas pertenencias con las que sobrevivían.

Luto, dolor y desolación por todos lados. Y esto es así porque hemos sido incapaces de transformar las causas estructurales que provocan estas tragedias. Porque la desigualdad y la concentración de la riqueza se han acentuado y porque, en lugar de que los recursos y la institucionalidad pública estén al servicio de la población para garantizar sus derechos, el Estado continúa capturado por las redes de corrupción del poder político y económico —hoy en connivencia con grupos del crimen organizado— que dilapidan los dineros públicos, que terminan en sus caletas o en sus maletas.

Y ni hablar de la crisis climática que afrontamos, producto de la imposición de un dizque “modelo de desarrollo” basado en la depredación de la naturaleza, que está multiplicando las amenazas y elevando los riesgos de manera exponencial a nivel global, regional y local, sobre todo para las comunidades y poblaciones en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad, como las centroamericanas.

Esta emergencia climática —que algunos caradura todavía se atreven a negar— tiene su origen en el aumento de la temperatura de la Tierra, ocasionado principalmente por la dependencia a los combustibles fósiles, los megaproyectos extractivistas y de monocultivos que han alterado el uso de los suelos, contaminado las fuentes de agua, desviado los ríos y deforestado miles de hectáreas de selva y de bosques, generando lluvias más intensas, sequías prolongadas, tormentas extremas y huracanes más frecuentes.

Y es esta combinación entre las amenazas naturales en contextos de extrema pobreza y desigualdad la que ocasiona los desastres. Hay que tener claro que no hay desastres naturales y que un evento climático puede convertirse, o no, en un desastre, dadas las condiciones preexistentes de abandono histórico de la población. Y hay que tener claro también que mientras estas condiciones no se transformen, Guatemala seguirá siendo el país de la tragedia permanente.

Aunque la solidaridad con las miles de personas damnificadas es necesaria y son encomiables los esfuerzos por apoyarles, las verdaderas soluciones pasan por la transformación de las condiciones de vida de las grandes mayorías de este país. De lo contrario, ante una nueva amenaza natural, una pandemia o una emergencia de cualquier tipo, seguiremos —como si fuera la primera vez— lamentando a las personas muertas, desaparecidas y damnificadas.

Y en ese recuento de los daños serán las y los históricamente olvidados a quienes les toque, como siempre, llevarse la peor parte. Ayer, el colega José Pablo del Águila, en un reportaje en este mismo diario lo ilustraba muy bien: en plena pandemia de covid-19, mientras miles de hogares guatemaltecos sufren la crisis, en casa presidencial los menús incluyen camarones jumbo, salmón y carpaccio. Otra de nuestras tragedias permanentes.