Con otra mirada

Guatemala, país surrealista

José María Magaña Juárez jmmaganajuarez@gmail.com

¿Alguien encuentra similitud entre el cuento Alicia en el país de las maravillas y Guatemala?

Alicia en el país de las maravillas, publicado en 1865 por el matemático, lógico, fotógrafo y escritor británico Charles Lutwidge Dodgson, con el pseudónimo Lewis Carroll, cuenta cómo a una niña llamada Alicia se le aparece un conejo blanco, trajeado, que corre murmurando que llega tarde, mirando su reloj de bolsillo. Curiosa, lo sigue y entra en su madriguera, que de túnel se convierte en un pozo por donde cae interminablemente. Al finalizar su caída y sin haberse hecho daño, entra en un mundo de absurdos y paradojas lógicas. Es, pues, una novela de fantasía.

Guatemala, en cambio, lejos de ser una ficción, es real, tangible, con vestigios de civilizaciones de más de 500 años AC que ocuparon el inmenso territorio conocido como Mesoamérica (mitad de México hasta 1/3 de Nicaragua), pero que hoy más parece y se le reconoce como país surrealista, en el que nada es lo que parece ser, y mucho de lo que aparenta ser, no existe. Veamos si no.

La Constitución de 1985 dio paso a la actual era democrática. Su artículo 1 dice que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común. El 2, que es deber del Estado garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

¡Pero eso no es nada!

El artículo 232 dice que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas.

Que también están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. El 233 indica que el jefe de la Contraloría General de Cuentas será electo para un período de cuatro años por el Congreso de la República… y la cuenta o, mejor dicho, el cuento sigue:

Los artículos 251-2 indican que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país y ejercer la representación del Estado. Que el procurador general de la Nación y jefe del Ministerio Público será nombrado por el presidente de la República, quien podrá removerlo mediante causa justa debidamente establecida.

Hasta ahí, el país ideal que imaginaron los 88 constituyentes electos el 1Jul1984. Pero basta leer los diarios o escuchar las noticias para comprobar que hoy ninguno de esos propósitos se cumple, sin importar quién esté a la cabeza del Gobierno.

En este corto período de vida democrática, para lograr su rapiña, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos enquistados en el Estado adulteraron el funcionamiento de la administración pública. Y como virus malignos, en Sept2017 mutaron y se propagaron dentro del Congreso de la República, creando lo que se conoce como Pacto de Corruptos.

Esa nueva plaga, gozando de la impunidad de sus cargos, cooptó las instituciones en los tres poderes del Estado tendente a garantizar inmunidad y que hoy, con desfachatez supina, en plena pandemia de covid-19, desvía fondos generados para combatirla, en detrimento de la población.

Así las cosas, ¿Hasta cuándo creen que el pueblo aguantará?