El último proceso electoral en el 2019 fue un evento caótico que aumentó (aún más) el descontento ciudadano con la democracia, sus representantes y el sistema político en general. A pocos días de los comicios, magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresaban criterios distintos sobre la validez del voto nulo, se emitió un reglamento que censuraba los debates y entrevistas de candidatos, hasta que el mismo TSE dio marcha atrás y el evento más desafortunado del último proceso electoral fueron las inconsistencias en la representación de los datos de los votos, que levantaron justificadas suspicacias.

Con el pasar de los años, en la época democrática de Guatemala el sistema político y electoral no ha logrado responder de forma adecuada a las necesidades ciudadanas. Los eventos antes mencionados y muchos otros incrementaron más esa desconfianza. Las mediciones de las encuestas de calidad democrática relacionadas a confianza con el sistema político, partidos políticos y sus representantes se encuentran en decaimiento. Según últimas encuestas, uno de los datos más alarmantes es que solamente un 11% confía en los partidos políticos.

En Guatemala, durante el año 2015, se generó una pasión y actividad cívica extraordinaria. El escenario ideal era aprovechar dicho impulso para efectuar reformas sustanciales y eficientes, para mejorar el funcionamiento del Estado.

En el año 2016 se hizo una serie de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que lamentablemente no alcanzaron cambios sustanciales para mejorar la calidad del sistema político del país. La visión detrás de dichas modificaciones era empoderar a los partidos políticos existentes; sin embargo, no motivó la participación ciudadana, no mejoró la representación de los diputados con los ciudadanos y tampoco facilitó la creación de nuevos partidos políticos.

La Ley Electoral debe ser dinámica y responder a las necesidades de una sociedad cambiante y evolutiva. Esto significa que después de cada proceso electoral se debería revisar y reformar, para que responda cada vez más y de mejor manera a las necesidades democráticas de los ciudadanos.

Posterior al proceso electoral se creó la Comisión de Modernización y Actualización Electoral (Came). Una de las deficiencias que tuvo esa actividad fue que no se hizo una evaluación del proceso electoral en sí mismo y cuáles habían sido las deficiencias o elementos a mejorar del mismo. Los magistrados del TSE que integraron esta comisión eran los mismos que habían tenido serias dificultades en la administración del último proceso electoral.

La intención de la Came es que el TSE presente una iniciativa de ley al Congreso que recoja los elementos por mejorar en la Ley Electoral, y hace unos meses se presentó. Dicha propuesta tiene elementos importantes, como mejorar la certeza del financiamiento de los partidos políticos, modificar la forma de elección de diputados, para que sea de forma más directa y representativa, entre otros. También contiene aspectos que se deben mejorar, como aclarar las donaciones en especie, así como la transparencia de los partidos políticos, con la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas. Pero en forma general es un buen punto de partida para una discusión sobre el sistema político que merecemos los guatemaltecos.

Nos encontramos a escasos dos años del próximo proceso electoral y la reforma a la ley, para mejorar un sistema político que está al borde del colapso, debe ser una prioridad para el país.