Durante el presente proceso electoral, el otrora respetable Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio traspiés, por acción u omisión, por voluntad propia o inducidos, provocando un fraude que condujo a tener que elegir mañana domingo entre dos candidatos que representan a un bajo porcentaje de la población.

Entre los tropiezos, avaló la participación de candidatos al Congreso de la República y alcaldías con tachas legales y de idoneidad; estas últimas fueron obviadas y justificadas burdamente. De la misma manera fueron rechazadas candidaturas a la Presidencia, poniendo en riesgo la institucionalidad del país.

El acto cívico celebrado el pasado 16 de junio convocó a ocho millones de habitantes empadronados (mitad de la población) para elegir Presidente y Vicepresidente, 340 alcaldes, 160 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano. Los datos publicados por el TSE, tarde y mal, provocaron dudas, pues no concordaron con los datos aportados por los fiscales de mesa de los diferentes partidos políticos. La justificación ofrecida por el director y subdirector del Departamento de Informática fue que se trató de un error en el programa contratado para el conteo de votos, con la baladí excusa de que los partidos participantes eran más de 20, cuando el programa estaba diseñado solo para esa cantidad.

Los señores magistrados, con inaceptable ingenuidad, aceptaron la explicación, cuando el cálculo requiere de simples operaciones de suma, resta y porcentajes. Ahora sabemos que en la operación hubo mano criminal de los funcionarios, quienes, obedeciendo órdenes externas, alteraron la información introducida al programa para obtener los resultados deseados.

Mañana habremos de escoger quién presidirá, entre inelegibles, pues el fraude provocado, junto al negativo y alambicado proceder de la máxima entidad electoral, por acción u omisión, voluntaria o inducida, nos coloca ante una inusual disyuntiva, bajo el manto corrupto que nos asfixia. Además de eso, la carencia de debate público en el que los candidatos dieran conocer lo que no estuvieron dispuestos a ofrecer, opinaran sobre asuntos como educación, salud, seguridad, vivienda, infraestructura y combate de la corrupción, deja claro que la selección no es asunto de simpatía y menos aún de ideología, sino de practicidad, al tenor del artículo 184 de la Constitución, que dice: “Elección del Presidente y Vicepresidente de la República. El Presidente y Vicepresidente de la República, serán electos por el pueblo para un período improrrogable de cuatro años, mediante sufragio universal y secreto…”

Puestas así las cosas, el doctor Alejandro Giammattei, una vez electo, gobernaría durante los siguientes cuatro años hasta donde se lo permita el grupo de poder que lo envuelve y los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos enquistados en el Estado, que una vez Guatemala quiso combatir a través de la Cicig. Luego podrá retirarse a gozar del bienestar alcanzado.

La licenciada Sandra Torres, de larga trayectoria política, ya hizo gobierno a la sombra de su esposo (2008/12), y durante los últimos siete años ha luchado por hacerlo en primera persona. Hasta ahora fue notorio su influjo en el Organismo Judicial —altas cortes y juzgados—, Contraloría General de Cuentas y Tribunal Supremo Electoral.

Las pasadas elecciones le dieron el control del Organismo Legislativo y como presidente tendrá el Organismo Ejecutivo en sus manos. Todo eso sumado le dará el poder absoluto. Esa privilegiada posición permitirá satisfacer sus deseos y sabrá arreglárselas para modificar el artículo 184 mencionado líneas arriba, por lo que tendremos Sandra Torres por los siguientes ocho, 12, 16 o más años.

Ante ese panorama, ¿podemos hacer valer la Constitución?