Cable a tierra

Hambre, desnutrición e institucionalidad pública

Karin Slowing karin.slowing@gmail.com

Señor Alejandro Giammattei, he escuchado que tiene intención de cerrar la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán). Igualmente, que la lucha contra la desnutrición crónica será liderada por el ministro de Salud, ya no por el vicepresidente, quien preside al ente rector en la materia, el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán), como lo establece la ley de seguridad alimentaria y nutricional vigente. Se parlotea, además, que posiblemente se cierre también Visán, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), un viceministerio que, desafortunadamente, se ha empleado como vehículo para el clientelismo político con el reparto de bolsas de alimentos, pero que, en realidad, tiene una función crítica que ha sido totalmente desaprovechada, que es el apoyo a la producción comunitaria de alimentos; una estrategia central no solo para evitar que las familias más pobres del país sucumban ante los estragos del hambre y la desnutrición, sino para dinamizar sus magras economías y las economías más locales, esas de las que vive la gente que tendrá poca posibilidad de integrarse a corto plazo las estrategias de cadena de valor agrícola y agroindustrial que están en el centro de su plan de gobierno en materia de economía agrícola.

Le propongo, en el mejor de los espíritus, que su equipo revise nuevamente su diagnóstico del problema y su propuesta de intervención. La desnutrición crónica es el efecto de un problema multicausal; es resultado de un conjunto de condiciones y dinámicas económicas, políticas, sociales, culturales, sanitarias y de acceso a servicios de salud y de nutrición. Por ende, requiere una intervención estatal y del conjunto de la sociedad que debe darse de manera simultánea en esas múltiples esferas. Por eso, el modelo causal que emplea Unicef y otras agencias plantea abordar en simultáneo causas inmediatas, mediatas y estructurales; las inmediatas, refieren a los aspectos nutricionales y de salud; las mediatas, referidas a las condiciones de vida de las familias —sus oportunidades educativas, sanitarias, etc; y las estructurales que refieren esencialmente a la esfera económica: empleo, ingresos, activos productivos, entre otros, desde donde se debe asegurar el acceso y disponibilidad permanente a alimentos en calidad y cantidad suficiente para todo el grupo familiar.

Las estrategias nutricionales y de salud resultan insuficientes para acabar con el problema. Se ha intentado ya por años, pero con una institucionalidad débil y sin la veta económica y productiva a la par. Crear y cerrar entidades estatales, anular o desfigurar legislación que costó décadas construir, lo dejará a usted sin brazos operativos y con el desafío de reemplazar estos instrumentos con otros. Montar y desmontar entidades toma tiempo, recursos y esfuerzos que bien podrían usarse en hacerlas funcionar. Al MSPAS le pasará lo mismo que a la Sesán, en términos de liderazgo. Simplemente, no tiene mandato para ello. No digamos, si no hay intención de expandir la red primaria de servicios de salud pública. Además, pasar competencias de la Sesán a Segeplán requiere crear primero las capacidades que la segunda no tiene, y que a la primera le ha tomado años medio desarrollar.

Hay otras medidas de política pública, de presupuesto y de modificaciones de ley que son más críticas y urgentes a tomar, que deshacer la ley de seguridad alimentaria y nutricional o anular entidades. Le propongo que comience haciendo limonada con los limones que tiene. La gente está pasando hambre y el hambre es una injusticia humana y también un problema de gobernabilidad.