Son tiempos difíciles estos. A la crisis sistémica de nuestro país se suma ahora esta emergencia sanitaria que ha exacerbado los problemas estructurales y las precariedades de los sectores y pueblos que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Es cierto que el nuevo coronavirus no distingue a la hora de contagiar, pero igual de cierto es que sus efectos no son iguales para todos. Y en un país como el nuestro, de desigualdades extremas, muchísimo menos. Hay gente que incluso le ha sacado partido a esta pandemia, pero ese será tema para otra columna.

Hoy quiero volver a referirme a la comunidad Laguna Larga, que desde mucho antes de que la covid-19 llegara a Guatemala, ya enfrentaba una crisis humanitaria de múltiples dimensiones. Las 111 familias de la comunidad sufrieron un desplazamiento forzoso el 2 de junio de 2017, cuando un contingente de aproximadamente 1,500 soldados y policías llegó para desalojarlos de las tierras que ocupaban desde inicios de los años 80, aduciendo que habitaban una zona protegida. El desalojo se realizó a pesar de que la Ley de Áreas Protegidas contempla la permanencia de las poblaciones que, previo a su aprobación, habitaban las zonas. Por supuesto que la “preocupación” por proteger el área alcanzó solamente a la comunidad, porque la petrolera Perenco sigue ahí sin ningún contratiempo, lo mismo que las fincas narcoganaderas que ocupan enormes extensiones de tierra sin que a nadie le moleste.

Pero para los casi 500 comunitarios, de los que más de la mitad son niños y niñas, sí hubo mano dura y dizque cumplimiento de la ley. Así es el Estado guatemalteco construido sobre el racismo y la discriminación. Así actúan muchas autoridades con las comunidades indígenas y campesinas a las que criminalizan y violentan. A tres años del desalojo, la comunidad Laguna Larga sigue viviendo en champas improvisadas en la línea fronteriza entre México y Guatemala. No tiene acceso a agua potable, luz eléctrica ni medicinas. Los alimentos son escasos porque no tienen terrenos para cultivar y desde noviembre de 2019, el Gobierno no les lleva ni siquiera granos básicos.

Solo hay seis letrinas para toda la comunidad. Las plagas de ratones e insectos han sido un problema recurrente y las enfermedades intestinales y respiratorias también. Durante este tiempo han fallecido 11 personas y la mayoría de niños y niñas están desnutridos y con afecciones en la piel. Ni hablar de las personas mayores que para poder atenderse en un centro de salud deben recorrer casi cien kilómetros de camino de tierra, que en época de lluvias se vuelve casi intransitable. Imagínense ustedes lo que significa en esta situación de completa indefensión la pandemia de covid-19. Por más que han buscado a través de espacios de diálogo y negociación que las autoridades de gobierno les den una respuesta integral, y aun y cuando cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las familias de Laguna Larga siguen padeciendo cada día la violación de sus derechos fundamentales.

Mientras se busca una solución definitiva, las y los comunitarios han pedido regresar al área donde habitaban, pero como respuesta han recibido solamente indiferencia o soluciones inviables. Meses atrás se les ofreció una finca que no cuenta con agua ni con terrenos aptos para el cultivo. Esta propiedad tiene, además, problemas catastrales y de registro y está situada en un área protegida, que fue el motivo esgrimido para desalojar, lo que deja muy claro que fueron otras las razones detrás de esta medida.

Me pregunto si en esta época de pandemia la indolencia del Gobierno continuará o hará algo para que no aumente la tragedia. Y me uno, desde este espacio, al clamor de las familias que se siguen preguntando: ¿hasta cuándo el abandono de Laguna Larga?