La defensa de los derechos humanos en Guatemala implica afrontar riesgos múltiples y permanentes. Existen factores estructurales que mantienen un entorno adverso para la defensa de los derechos, que se acrecientan cuando se trata de proteger y defender la tierra, el territorio y los bienes naturales.

La criminalización de líderes comunitarios y de integrantes de organizaciones campesinas y de pueblos indígenas, a través del uso indebido del derecho penal, es una constante en el país. La misma tiene impactos negativos en los ámbitos individual, familiar, comunitario y social, y busca silenciar y paralizar la labor de defensa de los derechos humanos y dar una lección “ejemplificante” y disuasiva a otros miembros de la comunidad para inhibirlos de participar en la defensa de derechos.

La criminalización viene acompañada de campañas de desprestigio, desinformación y calumnias contra las personas defensoras, sus comunidades y organizaciones. Además del impacto que esto tiene sobre ellas y su entorno, la consecuencia principal es de carácter general, porque se promueve la descalificación, el menosprecio y se instala un discurso legitimador de los ataques que sufren. Hay algunos periodistas y comentaristas irresponsables que desde sus espacios en los medios alientan estos discursos de odio y descalificación.

La detención ilegal y la prisión de Francisco Lucas, periodista y líder comunitario del pueblo q’anjob’al, quien fue capturado en diciembre de 2019 sin que existiera una orden de captura en su contra y cuya libertad inmediata fue decretada por un juez, al constatar la violación de todos los principios procesales; y la reciente detención arbitraria —tampoco presentaron orden de captura— de Julio Gómez Lucas, autoridad maya del pueblo chuj, el pasado 26 de enero, en Chiantla, Huehuetenango, luego del relanzamiento del Acuerdo para la paz y el desarrollo de San Mateo Ixtatán, en el que participó el presidente Alejandro Giammattei, son dos claros ejemplos de cómo se criminaliza a las personas que integran los movimientos de resistencia en sus comunidades.

De acuerdo con el informe Situación de las personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: entre el compromiso y la adversidad, realizado de manera conjunta por la PDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos: “Los ataques contra personas defensoras son particularmente prevalentes en contextos rurales, relacionados con la defensa de tierras, territorios y recursos naturales. Persiste una dinámica agraria compleja, caracterizada por irregularidades en procesos de registro catastral; falta de reconocimiento de derechos territoriales basados en la posesión tradicional por parte de pueblos indígenas; distribución altamente desigual de los recursos agrícolas y la consiguiente concentración de las tierras cultivables; despojos históricos de tierras y territorios de pueblos indígenas; declaratorias de áreas protegidas sobre áreas habitadas o utilizadas por comunidades fundamentalmente indígenas y desarrollo de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales a gran escala, entre otros. Esta situación afecta especialmente a los pueblos indígenas, para quienes las tierras, territorios y recursos naturales son vitales para su vida colectiva, su cosmovisión y su supervivencia como pueblos”.

Si se revisan los casos documentados de uso indebido del derecho penal por parte de actores estatales y no estatales, se puede establecer con claridad un patrón de criminalización destinado a debilitar a las personas y movimientos que defienden los derechos humanos, dirigido especialmente contra líderes y lideresas indígenas e integrantes de comunidades que luchan por proteger sus territorios y recursos naturales. ¿Es este el camino que se empeñará en seguir el nuevo gobierno?