Difícil saber si ya estamos enfrentando una segunda ola epidémica de la covid-19. Basándonos en la limitada información disponible, pareciera que no; que seguimos en un muy lento proceso de descenso de la curva epidémica que inició en marzo pasado. Para decir que ya superamos esa situación deberíamos tener un índice de positividad (relación número de casos/número de pruebas x 100) a nivel nacional por debajo de 5%. Por supuesto, si ha habido un descenso del número de casos registrados y también de los fallecimientos. No obstante, a casi tres meses de ocurrido el pico, ningún municipio ni departamento del país cumple todavía con ese criterio. Varias semanas estuvimos “estacionados” o en meseta epidemiológica. Nunca sabremos si esto fue a causa de los bajos niveles de testeo, detectando menos casos de los realmente existentes, o porque, efectivamente, se estabilizó el contagio a niveles peligrosamente altos (20% de positividad). Lo más probable es que haya sido lo primero y obedece, en parte, a las decisiones de política que han tomado.

Por ejemplo: el 70% de las pruebas que se hacen en el país son de Antígeno, no de PCR, la más precisa. Se sabe que el 30% de esas pruebas pueden dar un resultado errado, lo que incrementa potencialmente el sub-registro de casos. Segundo, no se cumple con hacer PCR cuando una prueba de antígeno sale negativa. Tercero, la decisión de que el testeo no sea de acceso universal y gratuito, a pesar de haber contado con recursos financieros para compra de pruebas: el 44% de las pruebas realizadas a la fecha en el país se han hecho en laboratorios privados, donde es el usuario quien paga directamente, a precios de mercado. Se testea quien puede pagar de su bolsillo, o que si paga el seguro; los demás, solo si logran acceder al servicio público de salud y pasan sus criterios. Esto es, lo que se llama, crear una barrera de acceso a la población a un servicio esencial en una situación de emergencia. Optaron por favorecer el mercado de salud antes que el bienestar de la población. Perfectamente pudieron hacer arreglos de pago con los laboratorios privados para que el MSPAS corriera con los costos de las pruebas, quitando así, esa barrera de acceso. Una sugerencia que fue hecha desde el mes de marzo.

Curiosamente, cuando decidieron terminar de liberar las restricciones, milagrosamente, si se incrementó el nivel de testeo sustancialmente. Así, en las semanas entre el 20 de septiembre y el 3 de octubre, en el departamento de Guatemala, se hicieron 8,000 pruebas más que durante las dos semanas previas (datos de la plataforma, analizados por LaboratorioDeDatosGT). De un sopapo, bajó el índice de positividad en el departamento de un 19% a 14.5%, a pesar de haber habido un ligero aumento en el número de casos. Alistado así, el escenario para el cambio de color, aunque éste, de todas maneras, no se correlaciona con la liberación de las restricciones. Lo que si muestra este hecho es que capacidad de subir el nivel de testeo si hay, pero que no han querido hacerlo. Tal vez no quieren arriesgarse a que el índice de positividad, calibrado con niveles más adecuados de testeo, revele una realidad más certera de la situación epidémica. Prefieren mejor mantener bajo su control esa variable, por si acaso. Así, jinetean sobre la ola a su antojo, y asustan con el petate del muerto cuando conviene.

En conclusión, lo que vemos en la plataforma covid- 19 es más el reflejo de esa forma de administrar el testeo, que un termómetro correcto de lo que ocurre en realidad en el país. Para anticipar la segunda ola; más bien su traslape con la ola actual, se necesitarán otros indicadores que la plataforma tampoco aporta.