Que yo sepa solo hay una candidata que ha hablado reiteradamente de la gran incidencia que tiene para el desarrollo económico de Guatemala la urgente aprobación de la ley de infraestructura vial, habida cuenta que hasta el FMI ha dicho que un aumento del 1% del PIB en infraestructura vial, ayudaría a reducir en 5% la pobreza extrema.

Según la documentación de soporte de esa iniciativa de ley, Guatemala invierte Q62,364.55 millones en inversión privada y Q6,028.27 millones en inversión pública. Esto representa un 11.2% de inversión privada y “1.08% de inversión del Estado”, para totalizar un 12.40%.

“Somos uno de los países en el mundo que menos invierte en infraestructura —12.40% del PIB—. Otros países: Panamá, 40.6%; Nicaragua, 28.11%; Ecuador, 24.35%; Canadá, 22.9%; Colombia, 22.85%; Estados Unidos, 19.5%. Es evidente la urgencia de encontrar una solución de fondo si solo tenemos un metro de infraestructura vial por habitante, mientras que Costa Rica tiene ocho metros; Panamá, 3.93 metros; El Salvador, 2.39 y Honduras, 1.6 metros.

Necesitamos aprobar esa ley para pasar de tener 17,203 kilómetros de infraestructura vial a 37,952 kilómetros en los próximos 15 años. Si seguimos al mismo ritmo que llevamos, ¡nos tomaría 96 años! Tenemos que ser capaces aumentar la construcción de 215 kilómetros por año a 1,600 kilómetros por año.

El costo de construcción por km en promedio ha aumentado a US$2 millones por carril, con lo cual pagamos 54% más de lo que se paga en otros países con modelos de contratación como los que propone la ley general de infraestructura vial. El ritmo de construcción de carreteras puede aumentar a 1,600 kilómetros nuevos por año cuando esté funcionando la Superintendencia de Infraestructura Vial o quedarnos al ritmo que tomó el libramiento de Chimaltenango, que fue de seis kilómetros por año.

Una ley de prioridad estratégica que está detenida por diputados/contratistas y por sindicatos de caminos a quienes están manipulando para oponerse diciendo que los van a despedir y que se van a privatizar las carreteras, —como lo aseguró la diputada de Podemos Alejandra Carrillo, ayer en la sesión de jefes de bloque—, lo cual es falso.

Otro venenillo en el morral de algunos diputados y alcaldes es que no les gusta porque desaparece el listado geográfico de obras y por ende se les acaba la fiesta para meterle sus cucharadas al caldo dinerario. Es absolutamente falsa esta demonización privatizadora. La Constitución establece que las carreteras son bienes públicos de uso común, de hecho, la iniciativa de ley establece en el artículo 11 que se prohíbe el peaje en carreteras existentes.

Ayer veníamos de Monterrico y aquello fue un calvario. Contamos un túmulo cada tres minutos, en promedio. La causa: que se les ha permitido que se construyan casas y comercios a lo largo de la carretera, por lo cual el transporte tiene que bajar la velocidad para que un trayecto de 24 km tome una hora y pico.

Atravesamos el puente María Linda en Iztapa y nos cobraron Q15 —¡igual que la VAS y el peaje de Palin!— y llevan 11 años cobrándolo sin transparentar los Q66 millones que han generado. El trayecto es un basurero que parece territorio de guerra: plástico, chatarra y basura por todos lados, ¡qué turismo ni que ocho cuartos!

Dos mundos, dos visiones: una politiquera, manipuladora, clientelar. La otra, una propuesta rigurosa, documentada, que toma en cuenta el beneficio del país.

He ahí el dilema…