Lo sucedido en Quetzaltenango es inaceptable. Es absurdo que las personas pierdan la vida por falta de previsión, planificación y/o “adecuado” manejo y gestión del riesgo en la autorización de espectáculos masivos, ya que en ocasiones los responsables de dicha autorización únicamente llenan papelería o formularios (si los hay) tan solo por hacerlo.

En noticias de prensa han señalado la existencia de normativas NRD4 y NRD2 para la seguridad de eventos sociorganizativos y de seguridad en instalaciones de uso público. Entonces, si se tenían estos normativos y demás instrumentos, ¿por qué sucedió esto?

Posiblemente existen muchas variables de causa y efecto a evaluar. Una podría ser la cualificación del personal involucrado, y dado que en nuestro país es práctica común que los jefes o encargados de la selección del personal contraten a familiares, amigos, hijos de amigos, exalumnos, etc., reclutando a personal poco idóneo e inexperto, y dada la baja calidad educativa existente en nuestro país (producto de varios factores), y que tristemente me ha tocado constatar en mi trabajo con temas de evaluación de la conformidad, siendo testigo de cómo algún profesional utiliza o evalúa normativas que desconoce, dedicándose únicamente a repetir conceptos, inclusive tergiversándolos. Debido a esta falta de claridad y desconocimiento, se pone en duda su capacidad y el cómo y el por qué ocupa determinado puesto de trabajo, dejando en entredicho a la institución que representa.

Así que no basta con tener normativos, reglamentos, regulaciones, etc., si no se aplican adecuadamente. Es necesario buscar el porqué de lo sucedido para corregirlo y también aceptar esa responsabilidad.

Ahora bien, ¿cómo se autorizó el evento de Quetzaltenango? ¿Se evaluaron los requisitos a cumplir in situ?, ¿se analizó el aforo adecuado?, ¿se evaluó la seguridad? Pero esta no es colocarle a un individuo un uniforme que diga “Seguridad”. Ese personal, además, debe estar capacitado para actuar ante cualquier imprevisto.

Seguridad es un conjunto de requisitos que permitirán el desarrollo de un evento masivo minimizando el riesgo de ocurrencia de siniestros, y no se limita al diseño de los espacios de ingreso y egreso ni a señalizaciones. También debe regular o prohibir el ingreso de cualquier tipo de arma, gestiona y/o controla la venta de bebidas alcohólicas que podrían provocar altercados, generando estampidas humanas, personas heridas o fallecidos, etc.

Además, en declaraciones de prensa, autoridades dijeron que cada persona es responsable de cuidarse. ¿Y el artículo 52 de la Ley de Espectáculos Públicos de hace años no aplica para estas áreas de festivales?

¿Entonces por qué estas respuestas? Las cuales solo nos hacen pensar que a las autoridades de Guatemala no les importa garantizar la vida, la salud, la seguridad, etc. de los guatemaltecos y guatemaltecas, como dice nuestra Carta Magna.
Algo parecido ha ocurrido desde hace algunos meses en relación con la inadecuada gestión, manejo y apresurada relajación en las medidas de control y/o mitigación de la pandemia de covid-19 (aún existe).

Por último, supongo que si realmente las autoridades, los organizadores y cualquier institución encargada de regular los espectáculos o eventos públicos a nivel nacional vigilaran a conciencia la realización de los mismos, previendo percances, y gestionaran y manejaran el riesgo de ocurrencia de estos, haciendo bien su trabajo, por el que obviamente perciben salario proveniente de los impuestos del pueblo de Guatemala, se podrían evitar estas tragedias.