Uno de los temas centrales de la agenda global actual —que continuará vigente a lo largo del 2021— es el de la producción y distribución de las vacunas contra el covid-19. El combate de la pandemia, que hasta ayer, 22 de febrero, había provocado 2.4 millones de muertes y 111.5 millones de contagios en todo el mundo (Universidad Johns Hopkins) requiere de un esfuerzo de coordinación planetario sin precedentes.

Nunca como ahora el multilateralismo será puesto a prueba. Veremos con el paso de las semanas si los llamados urgentes de la OMS y la ONU para frenar la distribución inequitativa de las vacunas provocan un giro de timón o si los países ricos siguen acaparando las dosis disponibles y condenando al mundo a que esta pandemia se extienda indefinidamente.

El miércoles pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que el 75% de las dosis de la vacuna habían sido administradas en 10 naciones y que 130 países —incluida Guatemala— no habían recibido ninguna dosis. Esta concentración en la compra de vacunas y la desigualdad en su distribución tendrán como consecuencia inmediata miles de muertes más, porque —como han repetido hasta el cansancio reconocidos científicos y líderes mundiales— la pandemia estará bajo control cuando al menos el 70% de la población del planeta haya sido inmunizada.

Pareciera increíble que en el medio de una emergencia sanitaria de dimensiones globales se privilegien por encima de los derechos a la vida y a la salud de millones de personas la capacidad económica y política de los países y los intereses comerciales y de lucro de las farmacéuticas transnacionales. Las cifras de las ganancias que están obteniendo estas empresas son obscenas por sí mismas, pero lo son más cuando se obtienen fruto de la angustia y desesperación por frenar los contagios y las muertes de miles de seres humanos.

No solamente se niegan a renunciar a las patentes comerciales —que dicho sea de paso no debieran tener validez en esta emergencia, máxime porque para realizar las investigaciones recibieron millones de dólares de fondos públicos—, sino que, además, están obligando a los gobiernos a aceptar contratos con cláusulas leoninas y a establecer mecanismos opacos para la negociación y compra de las vacunas. Extorsión pura y dura, aunque se haga desde oficinas de lujo y con marcas registradas.

De tal gravedad es este asunto, que a petición del Reino Unido se realizó una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU y la agenda en la Cumbre del G-7 giró en torno a la definición de un plan mundial de vacunación contra el coronavirus. El reclamo urgente —al que se sumaron algunas de las principales economías del planeta— es que se fortalezca el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (Covax, en inglés) y se descentralice su producción y distribución.

Lo más grave es que a este afán de lucro y a esta desigualdad global hay que sumarle la incompetencia y desidia de las autoridades guatemaltecas que han sido incapaces —a estas alturas— de garantizar siquiera la inmunización del personal sanitario en la primera línea de atención de la pandemia. De ese tamaño es la chambonería del gobierno chapín.

La suma de incapacidad y corrupción, a la que este gobierno se sumó —no desde el día 1, sino desde los tiempos de campaña, a juzgar por las últimas investigaciones de la Feci—, nos está pasando una factura que se cobra en decenas de muertes y cientos de contagios. Ya empezaron a salir a luz los negocios turbios en la compra de pruebas para detectar el virus y no extrañaría que, bajo la sombrilla de la opacidad que le exigen las farmacéuticas, la piñata de la corrupción salpique, también, la compra de las vacunas.