Finalmente vio la luz pública, en julio 2022, el Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 2019-2021. Poco más de un año después de que su versión original, cuyo anuncio público de presentación era el 29 de junio del 2021, sufriera “revisiones” por parte del PNUD, luego de haber sido cuestionados los contenidos del informe original por el gobierno de Guatemala, cuando su lanzamiento público ya había sido anunciado, circulaba la invitación y hasta ya existía un resumen ejecutivo impreso del mismo, debidamente oficializado. Si bien la mayor parte de gobiernos desde 1996 a la fecha siempre han querido “intervenir” en los contenidos de los INDH, esta es la primera vez que esas acciones se han traducido en una situación donde los contenidos se “revisan” para atenuar la intolerancia. Lo escribo con tristeza, pues he vivido en carne propia lo que significa que un gobierno quiera censurar un informe de este tipo y el esfuerzo institucional y personal que implica mantener la independencia de línea editorial y de contenidos frente a ese tipo de presiones. En ese sentido se comprende y aplaude la postura que adoptó el Consejo Consultivo/Asesor del INDH, así como su equipo técnico, de desvincularse de semejante perversidad.

Los INDH han jugado un papel fundamental en el análisis del desarrollo en Guatemala desde la firma de los acuerdos de paz. Desde el primero, publicado en 1998, se concibieron como instrumentos que, basados en evidencia y haciendo acopio de la experticia y conocimiento nacional, abordaran distintas aristas del desarrollo, lo cual realiza desde un marco teórico-conceptual conocido como Enfoque de Desarrollo Humano. Este se ha aplicado en todo el mundo desde la década de los 90 del siglo XX, y responde a la premisa de que lo más importante en las acciones de los Estados, del mercado y de los distintos actores que conforman la sociedad es garantizar que todas las personas, sin distingo alguno, tengan las oportunidades y condiciones para vivir vidas plenas, productivas y satisfactorias; es un enfoque que pone en el centro del bienestar al ser humano y que reconoce a la vez que para ello es fundamental el crecimiento económico, en particular aquel que contribuye a la sostenibilidad del desarrollo a largo plazo y que genera oportunidades económicas para todos, y por ese medio reduce activamente las desigualdades y exclusiones extremas en la sociedad. Es un enfoque que promulga la libertad que deben tener todas las personas para decidir y vivir la vida que quieren vivir. Es un concepto que recupera nociones fundamentales como el respeto a la diversidad, la equidad, la justicia y seguridad, así como la sostenibilidad y armonía con el ambiente, sustrato y sostén fundamental para la vida humana.

Seguramente todos estos conceptos suenan disonantes para un Estado y gobiernos que han trastocado totalmente su finalidad y propósito de velar por el bienestar y desarrollo de todos sus habitantes, el cual está consagrado en la Constitución. El Estado que al menos tuvo un discurso de paz, democracia y desarrollo e intentó en alguna medida avanzar en esa dirección, cada día se desvanece más y más y se reconfigura profundamente para atender finalidades perversas. En esa lógica, transgrede todas las formas explícitas e implícitas de las relaciones con el Sistema de Naciones Unidas, como que con ello fuera a acabar con la apabullante realidad existente, con los datos y los hechos y, sobre todo, con la falta de respuesta ante los problemas de desarrollo que vive el país, así como frente al incumplimiento del Estado con los compromisos asumidos en la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible.