La semana pasada se llevó a cabo el foro virtual “Infraestructura vial para la recuperación económica”, por parte de Fundesa, un evento que reunió a 527 personas, entre funcionarios del Gobierno, diputados, empresarios, representantes de organizaciones de la academia, centros de investigación, así como organismos multilaterales y de la cooperación internacional.

Entre los datos interesantes se dio a conocer que la tasa de inversión de formación bruta en capital fijo en Guatemala está en 13.91% del PIB, la tasa más baja de América Latina, si lo comparamos con la inversión que tiene Panamá, 39.7% del PIB; República Dominicana, 25.78%; o Ecuador, 25.03%. Incluso países como Honduras y Nicaragua están invirtiendo 24.3% y 22.53%, respectivamente. Esto se debe principalmente a que el sistema de inversión en nuestro país es disfuncional. Son procesos burocráticos que no permiten aumentar la capacidad del Estado para invertir en carreteras, puertos, aeropuertos, escuelas, hospitales, infraestructura crítica para cualquier país que pretenda generar desarrollo.

De hecho, la inversión en infraestructura pública en Guatemala ha caído de 2% del PIB en el 2014 a 1.54% en el 2019, lo cual recalca la necesidad de que el Congreso de la República apruebe mecanismos más confiables y certeros para la inversión en carreteras en nuestro país, uno de los principales cuellos de botella al crecimiento económico y que en los próximos cinco años puede generar más de 200,000 empleos y aportar más de US$3,000 millones en inversión al país.

Guatemala tiene un metro de red vial por habitante, mientras que países Costa Rica tiene 8.65 metros; Panamá, 4.07 metros; Nicaragua, 3.88 metros, e incluso El Salvador, 2.37 metros por habitante. La situación actual nos hace ver cómo la infraestructura vial es el único sector capaz de reactivar la economía, reducir la pobreza extrema y la marginación en la que viven muchos guatemaltecos que subsisten de la economía campesina, porque no logran sacar sus productos a los mercados. Estudios han demostrado cómo la infraestructura vial no solo ayuda a la competencia, sino genera un derrame social que fomenta la productividad de las comunidades y acelera los ingresos de la población, al reducir tiempos y costos de traslado.

Por ello, la iniciativa 5431, ley general de infraestructura vial, se vuelve crítica en estos momentos, ya que permite aumentar la capacidad de planificación y factibilidad técnica para mejorar la construcción de carreteras y caminos rurales, genera la posibilidad de licitar proyectos directamente, se legisla el procedimiento técnico del derecho de vía para permitir mayor agilidad en la construcción, respetando el debido proceso y la propiedad privada; garantiza el proceso de adjudicación bajo estándares internacionales, triplica los fondos para carreteras y la posibilidad de tener un fondo vial (sin aumentar impuestos) y la posibilidad de tener carreteras con peaje (donde exista capacidad de pago y vías alternas); da certeza jurídica al uso del subsuelo que permitiría al país tener la capacidad para hacer túneles y le genera certeza al Estado y al inversionista para atraer inversión extranjera directa.

Calificadoras como Standard & Poors, Moody´s y Fitch han visto con buenos ojos la iniciativa de ley general de infraestructura vial, incluso el Fondo Monetario Internacional ha comentado en su última publicación del artículo IV que la iniciativa es clave para generar mayor crecimiento económico y desarrollar mecanismos más ágiles para la inversión. Es vital que lo vean sectores como el comercio, los servicios de logística, el sector agrícola y el turismo, ya que es una herramienta fundamental en estos momentos de recuperación económica.