Cuatro magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) le dieron un golpe demoledor al deporte nacional. El miércoles pasado, los magistrados Dina Ochoa, Leyla Lemus, Héctor Hugo Pérez y Néster Vásquez concedieron un amparo provisional al exfutbolista Jorge Rodas y ordenaron que este asuma como presidente del Comité Olímpico Guatemalteco (COG). El problema está en que el Comité Olímpico Internacional (COI) rechazó las elecciones en las cuales resultó electo Rodas por considerar que no fueron limpias ni libres. Esta situación afectará gravemente a los deportistas guatemaltecos, ya que es muy probable que el país sea desafiliado del COI por la abierta injerencia del gobierno en la autonomía deportiva. Desde el 15 de octubre el país se encontraba suspendido, a la espera de que recapacitara y adhiriera el principio del respeto a la autonomía del deporte. Ahora solo es cuestión de días para que se concrete su expulsión.

No fue un sesudo análisis de los magistrados sobre la defensa constitucional del deporte. Es más, ni siquiera le correspondía a la Corte de Constitucionalidad intervenir en este caso. Sin embargo, pudo más el servilismo de estos magistrados a los intereses y berrinches del presidente Alejandro Giammattei y su amigo Miguel Martínez, con lo cual han llevado al deporte nacional a su peor momento histórico. El COG en funciones había denunciado a los magistrados Ochoa, Lemus, Pérez y Vásquez por resoluciones violatorias a la Constitución, prevaricato y abuso de autoridad. Por supuesto, el Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, no se dio por enterado. La CC es ahora responsable de haber llevado al aislamiento al deporte guatemalteco. El país se ha convertido en paria para el deporte internacional, gracias a las componendas de Giammattei con los magistrados constitucionales.

Tampoco Gerardo Aguirre y su mafia significaban la salvación del deporte nacional. Este dirigente que se ha aferrado al poder del COG desde el 2013 ha dilapidado los recursos del deporte a favor de su mafia. Aguirre ha acumulado poder a partir de otorgar a sus allegados plazas en el COG y en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG). Tras los dos grupos no está el amor por el deporte, sino por los Q128 millones que le corresponden al Comité Olímpico. El grupo de Aguirre hace un uso opaco de esos fondos y solo le interesan sus privilegios, mientras que Rodas, que representa los intereses de Giammattei y Martínez, quiere esos fondos para la rapiña de la alianza oficialista. Aguirre cuenta con el apoyo de Willy Kaltschmitt, representante del Comité Olímpico Internacional (COI) en Guatemala, por lo que ya se sabe de antemano para dónde girará el destino del deporte nacional.

Si en todo caso a la Corte de Constitucionalidad le hubiera interesado el futuro del deporte nacional, lo más correcto hubiera sido resolver a favor de que se efectuaran nuevas elecciones, sin la participación de los dos grupos en pugna. Lo que le espera al país es su desafiliación del olimpismo internacional y los deportistas nacionales quedarán como parias, sin acceso a competiciones foráneas para todas las disciplinas. Tampoco recibirán financiamiento del Movimiento Olímpico. En términos reales, 322 atletas guatemaltecos quedarían sin seguro de gastos médicos y de vida, así como perderían el apoyo económico mensual del Programa de Retención de Talentos. Esa situación también afectaría a 138 entrenadores y técnicos de alto rendimiento, 74 técnicos deportivos y 78 técnicos de administración y operación. Toda una tragedia para el deporte nacional, que sucumbe por intereses espurios. El presidente Giammattei y su amigo Miguel Martínez deben sentirse satisfechos de haber hundido al deporte nacional.