Estimo que hay cientos de análisis explicando en detalle nuestro subdesarrollo con todos sus niveles e indicadores humanos, políticos, económicos y sociales. Somos muy buenos para eso, pero pocos traen bajo el brazo el pan de “cómo” hacer las cosas. Y la razón es simple: el Éverest que enfrentamos para subsanar la problemática de nuestro país no son diagnósticos y más análisis. Lo que se requiere es contar con hojas de rutas pertinentes, realistas y “factibles”, porque estamos atrapados dentro de la gran Moby Dick de las murallas: nuestro problema sistémico; es decir, los diversos sistemas actualmente instituidos y en vigor, que son, de hecho, la raíz de todos nuestros males. No hay aspecto alguno de nuestra sociedad que no tenga problemas sistémicos. El DRAE define el sistema como: 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados entre sí. 2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto.

En Guatemala no estamos racionalmente enlazados, ni mucho menos ordenados. Los problemas sistémicos de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, las comisiones de postulación, la elección de magistrados, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte de Constitucionalidad; la Ley de Compras y Contrataciones, y toda la parafernalia de reglamentos vigentes, nos pasan la factura todos los días, porque tienen vicios de forma y contenido que las hace obsoletas, ridículamente complejas y muy peligrosa para la gobernabilidad de la Nación.

Repercuten en el precio de la energía eléctrica y en el atraso educativo; en el rezago de las inversiones; en el tiempo que pasamos en el tráfico debido a la falta de infraestructura; en el índice de empleos; en el índice de la confianza de los inversionistas; en el tiempo que pasa un ciudadano en prisión preventiva; y hasta en el tiempo y que toma tramitar una pinche reposición de placas. Por todos lados nos encontramos con un sistema minado, especialmente diseñado para fomentar la tramitología corrupta, el gasto opaco y la falta de rendición de cuentas. Pero también permite el desarrollo de nuevas epidemias, la epidemia del virus “amparitis”. Ya se vienen los amparos para que no queden los que no queremos, dándole vuelta a la tortilla porque, aunque el reglamento o la Constitución dice una cosa, la cuestión es encontrar cómo retorcerlo de manera que queden los que queremos. De lo contrario, convoquemos manifestaciones, hagamos llamamientos y carteles y pancartas con mensajes hasta en inglés.

Lamentable, pero las cortes son las que deciden si se construye o no una hidroeléctrica, o se explota una mina —aunque se tengan los permisos y las licencias en orden; o porque existe conflictividad; aunque sea una conflictividad espuria creada por terceros interesados.

Existen Q3 mil 850 millones en proyectos hidroeléctricos parados por amparos y por conflictividad. La ley de infraestructura vial está detenida desde hace años y podría aportar más de 200 mil empleos y Q22 mil millones, pero no sale porque es “rentable” no contar con ella.

La propiedad privada es un derecho, siempre y cuando el procurador de los Derechos Humanos les dé su permiso a los propietarios para sacar a los invasores, aunque la invasión sea un delito de usurpación agravada y no requiere de una orden. Los meses pasan, el país cada vez más pobre, polarizado y hastiado de los argumentos de ambos lados del río. Ese es el análisis…

Ahora entendemos por qué le llevan tantas ganas a la corte celestial.