Pluma invitada
Invertir en derechos humanos de las mujeres implica financiación… y más
Es preciso un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional para garantizar que los fondos logren el cambio necesario.
Este 8 de marzo, el tema elegido por Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional de la Mujer es “Financiar los derechos de las mujeres para acelerar la igualdad”.
Este 8 de marzo marca el séptimo aniversario de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Indudablemente, la inversión económica es muy importante para implementar leyes, programas y políticas que garanticen los derechos humanos de las mujeres. Hay que reconocer que los planes de gobierno que incluyen medidas de empoderamiento económico de las mujeres y asignación específica de recursos para ellas son, a priori, no solo positivos, sino necesarios.
Sin embargo, la financiación, por sí sola, no garantiza la efectividad de las medidas. El punto de partida que se requiere es una voluntad política firmemente comprometida a corto, medio y largo plazo para asegurar los derechos de la mitad de la población, que históricamente han sido relegados. Es preciso, como ya he destacado en otros espacios, un enfoque de derechos humanos, de género e interseccional en el diseño e implementación de acciones que permitan garantizar que los fondos destinados logren el cambio necesario para las mujeres en su diversidad.
Esto es especialmente importante en el caso de Guatemala, que enfrenta grandes retos para erradicar los altísimos índices de violencia contra las mujeres, favorecer su acceso a la justicia, la rendición de cuentas y las medidas de reparación, lograr una efectiva participación política y pública, promocionar y mejorar sus condiciones laborales y educación, garantizar sus derechos a la salud, sexuales y reproductivos, y brindar una especial atención a aquellas en situación de especial vulnerabilidad como mujeres indígenas, garífunas, afrodescendientes, con discapacidad y de la diversidad sexual, entre otras.
Quiero destacar que en octubre de 2023, el Estado de Guatemala recibió por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), las Observaciones Finales al último informe remitido por el Estado sobre su cumplimiento de la Convención. Estas Observaciones Finales constituyen una comprehensiva hoja de ruta que contempla avances, retos y recomendaciones específicas para que el Estado pueda cumplir, lo más fielmente posible, con las obligaciones asumidas en la Convención CEDAW, ratificada por Guatemala en 1982. De las numerosas recomendaciones realizadas, hay cuatro áreas sobre las que específicamente el Comité ha solicitado que el Estado reporte sobre su avance en un plazo de dos años: derecho a la reparación de las mujeres víctimas de violaciones graves de derechos humanos durante el conflicto armado interno; igualdad en la vida política y pública para promover la representación equitativa de las mujeres en este ámbito; derechos sexuales y reproductivos; y protección de los derechos a la tierra y territorio de mujeres indígenas, garífunas y afrodescendientes. En este contexto la Recomendación General 39 del Comité sobre los derechos de las mujeres y niñas indígenas también es de suma importancia. Sin duda, ámbitos y oportunidades donde se puede y debe invertir.
Finalmente, quiero recordar también que este 8 de marzo marca el séptimo aniversario de la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. El debate oral y público de este caso recién se inició este 2024. La justicia para las víctimas está tardando mucho en llegar y, definitivamente, precisa de esa inversión comprometida que la garantice.
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