¿Quién acaso creyó que las elecciones generales de este año en Guatemala serían diferentes? ¿Quién, tras las revelaciones de cómo opera el estado de impune corrupción, pensó que este año se manifestaría un ejercicio democrático? ¿Quién aún tiene alguna fe en el precepto constitucional que reza que “su sistema de gobierno —de Guatemala— es republicano, democrático y representativo”? Republicano, o sea, de poderes balanceados. Democrático, que garantice la limpia elección de todo ciudadano postulado. Representativo, donde reina el pluralismo, la inclusión, y llegan a los escaños los intereses de las más amplias minorías. ¿Quién, quién, se cree que vivimos en una democracia legítima? Tras los informes sobre el funcionamiento del estado de corrupción que agrietaron el statu quo. Tras presenciar la revelación del financiamiento ilícito, identificado como el Pecado Original de la democracia guatemalteca. Tras conocer el tamaño del botín, en un país cuyo presupuesto general supera los 115 mil millones de quetzales.

Creería uno que nadie, más que un invidente o un crédulo inocente, debiera ya tener alguna fe en este sistema. Bastaría con ver el perfil de las personas que logran escalar el sistema “democrático” y postularse a un puesto de elección popular para sacar una lapidaria conclusión. La abundancia de perseguidos, pícaros, y evidentes incapaces es notoria. Tanto en los listados de aspirantes, como en todos y cada uno de los puestos decisivos en el aparato que decide quién sí y quién no logra un lugar en la papeleta. Pero si esto no fuera suficiente, debiera bastar para complementar el ver lo antojadizo de a quién sí y a quién no se le permite superar el sistema de tachas legales. Un sistema donde evidentemente vemos cómo los intereses particulares monopolizan el rumbo.

Los antecedentes existían y se anticipaba cómo nuevamente se impediría la postulación de quienes se perfilan como contrarios al sistema. Fiscales anticorrupción, líderes sociales y personajes que denunciaron al sistema de impunidad y latrocinio, todos, serían vedados. Pero no solo ellos caen ahora víctimas de la ordenanza restrictiva. Presenciamos la restricción de candidaturas que tampoco se perfilaban como probas, lo que insinúa que la toma del sistema por poderes ocultos no es una cuestión bidimensional; una pugna solo del mal contra el bien, donde cualquiera que amenace a los corruptos será proscrito. Sino más complejamente, también una lucha de poderes en la miserable labor de competir por acaparar vilmente la administración de esos millones del presupuesto anual.

¿Queda algo acaso de la esperanza fugaz de la Guatemala que anheló la democracia en la post-guerra? Nada, creo yo, queda de esa esperanza. Los conceptos de antaño que vinieron quedan solo como tales. Palabras, romanticismos, anhelos, plasmados en una constitución. Aspiraciones a parecernos a otras naciones más evolucionadas, pero que cada vez se miran más inalcanzables en este imposible país. ¿Qué le queda al ciudadano inocente y a las juventudes emergentes? Solo queda irse. Irse a otro lugar o aguantar las desgracias que vienen con un pérfido sistema autoritario. Un país sin fines colectivos. No organizado, como reza la Constitución, para garantizar y proteger la vida humana, la integridad y la seguridad de la persona. Las noticias de esta elección son meramente circunstanciales. A este sí, o a aquel no. El sistema está tomado. Los fines están definidos. Y un pueblo con aspiraciones crematísticas sostiene la impía idea. ¿Quién acaso creyó que las elecciones generales de este año en Guatemala serían diferentes?