La fiscal general, María Consuelo Porras, decidió emprender acciones contra quienes pretenden interpretar antojadizamente las leyes y resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, la cual dejó en suspenso la resolución gubernamental de dar por terminada la relación con la Cicig. (8-1-19), ante las evidentes acciones unilaterales del gobierno.

Mientras, Sandra Jovel, en una entrevista que ofreció a Prensa Libre y Guatevisión, sostuvo que la ONU no puede rechazar lo dispuesto por Guatemala porque el secretario general se debe a los Estados. Con estos criterios tan pobres, como para que el presidente no ande metiendo la pata a diestra y siniestra, “ignorante del derecho internacional y que está en manos de esta perfecta ignorante”. (La Hora).

Poco después los medios expusieron la falsedad de sus argumentos. “Este personaje es el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un excomediante que apareció en la televisión nacional el 7 de enero y dio una conferencia de prensa en la que anunció su decisión de no renovar el mandato de la Cicig, sin aportar datos ni pruebas concretas, aunque en cada una de esas comparecencias lo ha hecho casi siempre rodeado de militares.

Ante esta actitud gubernamental que se está dando, la congresista de origen guatemalteco, Norma Torres, representante de la Cámara Baja de Estados Unidos, advirtió a Guatemala de que se está arriesgando a recortes en asistencia económica si no dan marcha atrás en la expulsión de la Cicig y apenas el pasado viernes firmaba una carta en la que le pedía al embajador de Guatemala en Washington, Manuel Espina, la devolución de los vehículos militares J8 usados de manera irresponsable por el Ministerio de Gobernación.

Jimmy Morales es un presidente impopular que tiene el respaldo de un ejército de mano dura, partidos políticos de derecha y élites conservadoras que menosprecian las normas y las instituciones democráticas, en particular cuando investigan a su familia y a funcionarios de alto nivel. (New York Times)

Estas acciones de Morales socavan el Estado de Derecho y las instituciones democráticas de Guatemala. El presidente de Guatemala expuso una serie de argumentos falsos para justificar su decisión de dar por terminado el acuerdo que creó la Cicig.
La prensa verificó la falsedad de cinco de los hechos expuestos por él, y ahora la congresista Norma Torres amenazó con buscar sanciones para aquellos ciudadanos que han violado el Estado de Derecho en Guatemala. Con esta situación el país podría perder su posicionamiento ante el Consejo de Naciones Unidas.

Por otra parte, el procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, fue el único servidor público que recibió abucheos de parte de algunos de los asistentes y diputados en el hemiciclo y en el palco del Congreso, adonde llegó para presentar su informe de labores, aunque los parlamentarios no parecieron prestarle atención al principio y luego lo embistieron con una serie de preguntas y finalmente le cortaron el sonido al equipo con el cual estaba dando su informe.

Esta y otras actitudes de parte de diputados y otros funcionarios solamente demuestran la calidad de legisladores que tiene Guatemala, aparte de que ya ocupa el cuarto lugar en corrupción e impunidad entre los países de América Latina.