Son virales los videos por medio de los cuales se pueden ver tres ataques a una pareja. Jorge y Luis, primero fueron atacados porque se desató un incidente con las mascotas, un asunto “doméstico” disparó la ira de una mujer que manejaba un vehículo con que los embistió, a pesar de que su perra era quien se encontraba sin correa y fue la agresora.

En un país como el nuestro, donde se ha matado a gente por un lugar de estacionamiento en un centro comercial o donde problemas de tránsito causan fallecidos por bala o lesiones, podríamos sostener que era un caso más de nuestra violencia normalizada. Más o menos media hora después, al salir Jorge y Luis en su carro, son atacados de nuevo. Sin razón, un vehículo los arrincona y empuja hacia un cerco de alambre espigado, chocándolos varias veces, pero antes les rompieron los vidrios, golpearon e insultaron como “homosexuales maricones”, conforme se explica en el video. Dos hombres conducen este ataque. El agente de policía privada del condominio no es más que mudo testigo. Unos minutos más tarde, de otro vehículo bajan tres personas y los atacan con manoplas y táser (arma de electrochoque), amenazándolos para que no fueran a la Policía, y golpeándolos. Jorge y Luis necesitaron intervenciones quirúrgicas. A pesar de que la Policía Nacional Civil arribó al lugar no suministró auxilio porque indicaron los agredidos ser pareja. Este hecho fue el 22 de mayo, y conforme lo que se sabe el Ministerio Público tiene las imágenes y otro tipo de evidencias desde el 15 de junio.

Se ha denunciado un acto de violencia directa a dos miembros de la comunidad LGBTIQ+ y algunos plantean la narrativa de que aunque hayan sido atacados tres veces, dos sin ningún “motivo”, se les haya insultado como “homosexuales maricones”, esto debe verse como un ataque entre vecinos y no un crimen de odio. Lo cierto es que la Policía no hizo nada y el Ministerio Público en más de dos meses se suma a la desidia.

Si Jorge y Luis son víctimas de un crimen de odio, seguramente se comprobará, lo que no cabe duda es que son víctimas de una serie de atentados, y las autoridades, a pesar de que todos podemos ver los videos en nuestros celulares, no hacen absolutamente nada. Es imperdonable que para la exigencia de derechos mínimos tengamos que justificar condiciones especiales y que los mejores cómplices de estos actos de violencia sean la Policía y el Ministerio Público con jurisdicción en Mixco.

Al existir un proceso judicial, la defensa negará que las motivaciones fueron homofóbicas y los querellantes intentarán probar que sí existió un móvil de este tipo. Dejemos que los jueces establezcan esto, pero lo que no podemos dejar de exigir es que a tres meses de estos hechos las autoridades no tengan resultado.

En la Facultad de Derecho se aprende, desde los primeros días, que la violación al derecho de cualquier habitante representa una amenaza para todos. En nuestro país tenemos el afán de justificar crímenes: “es que estaba metido en algo”, “es que salió con minifalda”, “es que se echó los tragos”. Hemos construido un entramado enorme de justificaciones para convivir junto a la violencia, pero sobre todo para normalizarla, a pesar de que los próximos podemos ser cualquiera.

En un país un poco serio, la propia fiscal general, el director de la PNC, el ministro de Gobernación e incluso hasta el propio presidente ya se hubiera pronunciado sobre los hechos registrados en video; sin embargo, acá pedir respeto a la vida, al parecer, es mucho pedir.