La regresión autoritaria que vive Guatemala se manifiesta de múltiples maneras. Una muy concreta es el hostigamiento y la persecución que por la vía penal se da en contra de operadores de justicia, defensores de derechos humanos, líderes sociales e indígenas y periodistas.

La semana pasada se pronunció al respecto Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el informe que rindió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Lo cito: “Me preocupa el aumento en un 70% —prácticamente— del número de funcionarios de la justicia sujetos al acoso y a la intimidación debido a su trabajo. En particular, en el contexto de casos del conflicto armado y de supuesta corrupción”.

Además, una decena de organizaciones internacionales que velan por la libertad de expresión y la independencia judicial señalaron en un comunicado: “Jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y periodistas se encuentran en prisión, con acusaciones abiertas o en el exilio, como resultado de la política represiva del Ministerio Público, avalada por el gobierno e impulsada por sectores corruptos”. Una síntesis clara y contundente.

El caso más reciente en contra de un operador de justicia es el del juez Carlos Giovanni Ruano, vocal del Tribunal IX de Sentencia Penal, quien enfrenta una solicitud de retiro de inmunidad a la que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió darle trámite el pasado 8 de febrero.

Ruano denunció en enero del 2017 a la magistrada Blanca Stalling de haberle presionado para que dictara una medida sustitutiva favorable a su hijo, Otto Molina Stalling, señalado en ese momento en el caso de corrupción IGSS-Pisa. Para acompañar su denuncia, el juez presentó la grabación de la conversación que sostuvo con la magistrada cuando ella lo citó a su despacho en septiembre del 2016.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval, recibió la denuncia y presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra Blanca Stalling. La misma fue aceptada por unanimidad en el pleno de la CSJ y enviada al Congreso, donde 140 diputados votaron a favor de quitarle la inmunidad a la togada.

Stalling fue capturada y estuvo en prisión un año y seis meses acusada del delito de tráfico de influencias. Después de 5 años, un juez archivó el caso y ella retornó a la magistratura en la CSJ, que de paso le autorizó el pago de una indemnización por Q5.7 millones.

Como sucedió con Miguel Ángel Gálvez, fue el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, quien interpuso la denuncia contra Ruano por 5 delitos, argumentando que el juez habría actuado en forma delictiva al denunciar a Stalling y que la grabación que hizo fue ilegal.

En su defensa, el juez Ruano sostiene que: i) Los hechos no le constan ni perjudican directamente al denunciante ni a su organización, por lo que la querella no debió tramitarse (art. 4 de la Ley en Materia de Antejuicio); ii) Es una decisión contradictoria que el pleno de la CSJ que decidió dar trámite al retiro de su inmunidad, sea el mismo que en el 2017 consideró que había suficientes elementos para investigar a Blanca Stalling; iii) La ley de la Carrera Judicial establece que si un superior (en este caso Stalling) interfiere con un inferior, es obligación del funcionario denunciarlo y eso fue lo que él hizo; y iv) la grabación se realizó previo a interponer la denuncia, como lo establece la ley.

“Estamos nuevamente frente a un acto de venganza”, dijo Carlos Ruano cuando se conoció la decisión de la Suprema. Lamentablemente es así. El Derecho Penal sigue usándose como herramienta de castigo y persecución. Solidaridad con Carlos Ruano y con las y los jueces y fiscales perseguidos por hacer su trabajo.