Durante los últimos años se ha ido acumulando en el país una mezcla entre incompetencia, falta de responsabilidad, falta de rendición de cuentas y falta de independencia de en las altas Cortes judiciales. Esto ha derivado, como no podría ser de otra forma, en un sistema judicial precario, falta de certeza jurídica un estado de derecho sumamente débil teniendo como consecuencia uno de los peores sistemas judiciales evaluados en comparación a otros países en el índice del Estado de Derecho.

Uno de los casos paradigmáticos de la crisis en la justicia del país, es la elección misma de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones; siendo una elección de uno de los poderes del Estado, pero a la vez la elección constitucional más ignorado y accidentado.

El proceso de elección de Cortes se ha suspendido 3 ocasiones, tiene más de 7 meses de retraso y no hay certeza de cuándo se renovará el poder judicial. ¿Se imagina usted el nivel de indignación y estallido social, si los diputados de la legislatura pasada siguieran en el Congreso y no tuviéramos una fecha cierta para su cambio? Pues eso está sucediendo en otro de los poderes del Estado.

La Constitución de un país prevé los mecanismos y normas para limitar el poder público y uno de esos límites es la alternabilidad, ponerle una fecha límite al ejercicio del poder público para que quienes lo ostentan no se eternicen en el poder. De esta forma establece también mecanismos para asegurar elecciones libres de injerencias que puedan manipularlas. En la elección de Corte Suprema de Justicia del 2019, aún pendiente de finalizar, a través de acciones legales planificadas se entrampó para repetir el proceso retrasando así el cumplimiento de la fecha límite para realizar la elección; lo que conllevo a que actores señalados de corrupción como Gustavo Alejos tuvieran el tiempo y posibilidad de reunirse con algunos (10) aspirantes a Magistrados.

Sin entrar a mayor detalle técnico, el Ministerio Público, bajo el liderazgo de la Fiscal General Consuelo Porras debe entregar al Congreso de la República un informe con pruebas fehacientes, que demuestren de una forma indudable los hechos de candidatos con una independencia cuestionable. Este informe es de gran trascendencia para el futuro de la justicia del país y sobre los hombros de la Fiscal General recae dicha responsabilidad; teniendo que cuidar no violar la Constitución o sus principios. Una experiencia como exmagistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC) le puede ser útil para ello, luego de la cuestionada sentencia que emitió los actuales Magistrados de la CC en ese sentido.

Es sumamente importante entender el problema que tenemos con la Justicia del país. Una vez electos los magistrados de Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones aún no habremos solucionado el problema de fondo. La falta de independencia judicial, falta de criterios uniformes y sobre todo la falta de seguridad jurídica en el país afectan en gran manera la paz de los ciudadanos, el crecimiento económico, la inversión local y la inversión extranjera. La crisis del covid-19 está lastimando fuertemente la economía y para reactivar y estimular la economía será necesario arreglar la crisis judicial que se viene gestando desde hace años atrás.