“Nunca olviden que todo lo que Hitler hizo en Alemania era legal”, dijo Martin Luther King. A inicios de la década de 1930, Alemania vivía una crisis profunda; la economía mundial estaba deprimida y el país no escapaba a ello. Millones de personas estaban desempleadas, en la memoria colectiva estaba bastante fresca la derrota en la Primera Guerra Mundial, y la ciudadanía no confiaba en su gobierno. Estas fueron algunas de las circunstancias que le permitieron a Adolf Hitler y su partido nazi llegar al poder. De 1924 a 1932, los nazis pasaron de ser casi desconocidos a detentar el poder en enero de 1933.

Hitler no llegó por la votación del pueblo alemán al poder, aunque su oratoria los tenía encantados, sino porque Hindenburg dimite y lo nombra presidente. “Parece un sueño: la Wilhelmstraße es nuestra”, escribiría luego en su diario el ministro de propaganda Joseph Goebbels. Al mes siguiente se produce el incendio del parlamento Reichstag, momento icónico y anticipatorio del horror posterior. Marinus Van der Lubbe, el presunto pirómano y comunista holandés, es atrapado y ejecutado en 1934, en medio de un despliegue de fuerza que más sabe a espectáculo. Y quienes insisten en decir que Hitler era comunista harían bien en leer las palabras que Göring deja para la historia mientras observaba el fuego: “Este es el comienzo de una revolución comunista. Ahora atacan. No tenemos tiempo que perder”. A lo cual Hitler respondería: “A partir de ahora no vamos a mostrar ninguna misericordia. Quien se interponga en nuestro camino será sacrificado”. De hecho, el reglamento que se escribe luego del incendio del Reichstag es considerado como la base de la dictadura nazi.

En marzo de 1933 hay elecciones y el partido nazi gana, pero sin mayoría, no como habían imaginado. Los derechos civiles de la ciudadanía son suspendidos; el partido comunista es prohibido y miles de sus integrantes arrestados van a los primeros campos de concentración. Desaparece la libertad de expresión y la policía está autorizada a detener arbitrariamente a las personas y entrar a sus casas. Toda oposición política es anulada; judíos, gente de izquierda, pacifistas, entre otros, son apresados y llevados a campos de concentración. Así de “higiénico” el régimen.

También en marzo de ese año el parlamento se reúne. En la agenda está incluida la nueva “ley del poder”, que autoriza a Hitler promulgar leyes por un período de cuatro años, sin interferencia del mismo parlamento. El edificio en Berlín donde se celebra esa reunión está cuidado por organizaciones paramilitares designadas para ayudar a la policía. En su discurso, Hitler obliga a los presentes a elegir entre “La Guerra o la Paz”, una velada amenaza para intimidar a los votantes indecisos y acabar con los resabios de un Estado capturado, antes democrático. La Ley del Poder fue aprobada en el Parlamento y hasta 1945 fue el instrumento que justificó y permitió la dictadura nazi. Todo fue legal, hasta el holocausto.

Esto me lleva a la reciente elección de las y los magistrados a la Corte de Constitucionalidad (CC) en Guatemala, y a los pasos estratégicos dados por la alianza criminal que tiene secuestrada a Guatemala, para llegar hasta acá y seguir de largo a las elecciones del 2023. Varios de los recién electos tienen serios señalamientos que en cualquier democracia real impedirían su participación, no digamos su elección. Pero en Guatemala el rearticulado pacto de corrupción es el Hitler que impone su propia Ley del Poder. Así, todos son electos y funcionan en el marco de una mafiosa legalidad, pero nunca en el de la legitimidad ni de la justa-justicia que pide cualquier democracia. La ley se ha convertido en Guatemala en una herramienta de guerra, pero la justicia ha terminado siendo el ámbito de la lucha política.

Hitler dijo que “con humanidad y democracia nunca han sido liberados los pueblos”. Parece que los Hitler tropicales viven bajo la sentencia que un cobarde tirano creyó y practicó hace casi un siglo.