Venganza sería que los familiares de una persona desaparecida de manera forzada hicieran lo mismo con un pariente de los victimarios. Venganza sería que los familiares de las personas masacradas se organizaran después para masacrar a los familiares de los masacradores. Venganza sería que los familiares de una joven que sobrevivió al secuestro y a la violación, violaran a una joven de la familia de los secuestradores y violadores. Justicia es algo muy distinto.

Justicia, en casos de genocidio, desaparición forzada, tortura y otros crímenes de lesa humanidad, es honrar la memoria de las víctimas y pasar —por un sistema convenido socialmente— la decisión de emitir un juicio justo en contra de personas, grupos o Estados de cualquier tendencia que los hayan cometido. Todo, con la intención de que estos crímenes no vuelvan a repetirse, y de que puedan repararse lo más dignamente posible en una sociedad que necesita reconciliarse.

Desde 1996, y en el marco de la firma de los acuerdos de paz, Guatemala cuenta con una Ley de Reconciliación Nacional. En sus artículos 2 y 4, esa ley decreta la extinción total de la responsabilidad penal por los delitos políticos y por los delitos comunes conexos, cometidos durante la guerra que se vivió en Guatemala. Sin embargo, en su artículo 8, esa ley establece que “la extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala”.

En este sentido, la iniciativa 5377, que busca reformar la Ley de Reconciliación Nacional en varios de sus artículos, propuesta desde octubre del 2017 y en segunda lectura en el actual y muy desprestigiado Congreso, no solo no es jurídicamente viable, sino que es éticamente cuestionable. En primer lugar, porque, como ya se dijo, busca amnistía para delitos imprescriptibles, como los crímenes de lesa humanidad mencionados. En segundo lugar, porque no solo busca la amnistía para esos delitos, sino para delitos políticos o comunes, lo cual permitiría que fueran liberados varios del pacto de corruptos que ahora están privados de libertad. Todo, para volver a una normalidad de corrupción e impunidad que golpearía duro el presente y futuro de Guatemala. Basta leer el artículo de la nueva iniciativa propuesta que dice: “Toda persona que haya sido juzgada y se encuentre en cumplimiento de condena, o se encuentre en proceso penal y se le decretaron medidas de coerción, tales como auto procesamiento, prisión preventiva, medidas sustitutivas de la prisión preventiva, conducción y aprehensión por delitos enmarcados en dicha ley, se le deberá decretar la amnistía y el sobreseimiento en su caso, y ordenarse su libertad por el tribunal correspondiente en el plazo de veinticuatro horas”. Sin duda, el diablo sigue estando en los detalles (y en el Congreso).

En el 2018, el Tribunal de Mayor Riesgo B reconoció unánimemente que durante los años 1982 y 1983 el Ejército cometió, contra el pueblo ixil, los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. En esa ocasión, sin embargo, Mauricio Rodríguez fue absuelto y puesto en libertad, a pesar de las evidencias de su implicación como jefe de inteligencia militar de aquel entonces. Antes, varios exmilitares y exguerrilleros fueron condenados por genocidio, por masacres como la de El Aguacate, por delitos de desaparición forzada, violación y otros crímenes contra la humanidad. Pero falta mucha justicia para reparar el tejido colectivo y devolvernos a una buena memoria de nosotros mismos.

Estamos sedientos de justicia y verdad, no de venganza. Amnistía viene del griego oamnestia, que significa olvido, y la 5377 pide olvido, declaración de inocencia y exención de toda responsabilidad civil o penal para individuos que han sido señalados culpables de delitos imprescriptibles. Yo digo no a la amnistía, porque sería perpetuar la impunidad.