Cada vez queda más clara la intención de desmontar la estructura institucional que permitió avances sustantivos en la lucha contra la corrupción y la impunidad. No solamente se paralizaron algunas investigaciones que estaban en marcha. También se solicitó el sobreseimiento y la anulación de órdenes de captura contra personas señaladas por los delitos de financiamiento electoral ilícito y lavado de dinero.

En algunos casos, como el del Libramiento de Chimaltenango, los expedientes se presentaron incompletos y, por si fuera poco, algunos personajes que habrían decidido colaborar en procesos por gran corrupción en los que están involucrados, pasaron de acusados a acusadores.

Para lograrlo fue necesario desarticular los equipos de fiscalías clave como la Feci y la de corrupción, realizando traslados y ejerciendo presiones indebidas hasta llegar a los despidos y a la persecución disciplinaria y penal.

Porque no solo se trata de detener los procesos judiciales y liberar a los corruptos y corruptores, también se busca castigar a quienes les investigaron y, sobre todo, sentar un precedente para que nadie más se atreva a hacerlo.

La situación que está atravesando la abogada Virginia Laparra, exjefa de la Feci en Quetzaltenango, es un claro ejemplo de la persecución penal indebida que el MP está llevando adelante contra sus propios fiscales. La acusación espuria es consecuencia de cuatro denuncias administrativas que ella interpuso en contra del entonces juez penal de mayor riesgo, Lesther Castellanos, quien habría brindado información a terceros sobre una investigación bajo reserva.

La inquina contra Laparra es tal que desde su captura el 23 de febrero -hace 105 días- permanece en una bartolina de la que solo puede salir 2 horas al día a tomar el sol. Está encerrada en una pequeña celda sin luz, en una prisión de ciudad de Guatemala, lo que le impide a su familia visitarla con mayor frecuencia. Encima, se han utilizado diversas estrategias dilatorias para impedir que inicie su juicio y se revise la injusta medida de prisión que le fue dictada.

Lo más absurdo es que su acusador, el exjuez Castellanos, fue electo por el Congreso relator contra la tortura, y Virginia está sufriendo tratos crueles y degradantes. Para hoy está prevista la audiencia de apertura a juicio en la que se espera se revierta la prisión preventiva que tiene a la exfiscal en un riesgo inminente y se le garantice un proceso imparcial y apegado a Derecho en el que pueda defenderse.

Pero la criminalización no es solo contra fiscales, jueces y juezas independientes. Dada la importancia que la movilización y la protesta social tienen para frenar los abusos en el ejercicio del poder, la persecución alcanza también a activistas que han tomado las calles para rechazar e intentar revertir el autoritarismo y la escandalosa y galopante corrupción.

Desmovilizar a la sociedad y darle un escarmiento a líderes y referentes sociales por la vía de acusaciones ilegítimas es parte de la hoja de ruta del MP. Ahí se enmarcan los procesos penales contra Nanci Sinto, Juan Francisco Monroy y Dulce Archila, a quienes se les imputa el delito de depredación de bienes culturales -con prisión inconmutable de entre 6 y 9 años- por supuestamente haber hecho pintas en las paredes del Congreso, durante la jornada de protestas del 21 de noviembre de 2020, en la que la policía reprimió violentamente a los manifestantes.

Los actos de protesta, denuncias públicas y manifestaciones son derechos legítimos de las y los ciudadanos y no debiera existir persecución por su participación en los mismas. Las y los jueces que conocen estos casos tienen en sus manos frenar el uso del Derecho Penal como herramienta de castigo y detener el avance del autoritarismo y la instrumentalización del MP.