Muchas veces los abogados olvidamos vivir en un mundo más ancho que leyes y códigos, perdemos el concepto de que la ley no es más que una decisión política y tras esa decisión existen cientos de elementos que la condicionan.

El diccionario nos define la anomia como “ausencia de ley”. Carlos Nino, abogado argentino que en sus 50 años de vida produjo elocuentes trabajos, en uno de ellos, titulado Un país al margen de la ley, señaló: “Como dice Jon Elster, siguiendo a Hume… “las normas son el cemento de la sociedad”. Esto quiere decir que las normas hacen posible la integridad y la subsistencia de las sociedades. Tal vez ello tenga que ver con el papel que las normas juegan para hacer más eficiente el grupo social. Que la ilegalidad y la anomia en general afectan negativamente la productividad social, al menos bajo un sistema capitalista, es casi un lugar común en la teoría social.

No hay instituciones sólidas sin certeza jurídica, pero toda institución está amenazada por los eventuales abusos que pueden cometer quienes detentan el poder (basta ver lo que hace Trump allá en el norte). Por eso, si hablamos de impunidad, como fenómeno, no podemos abstraernos del contexto social: en nuestro medio no hay una exigencia ciudadana para el cumplimiento de las reglas y así somos beneficiados o perjudicados con zafarnos del cumplimiento legal en algún momento.

La construcción del Estado de Derecho se apuntala desde distintos ángulos, no podemos trabajar solo el ámbito penal, por decir un ejemplo, porque en la convivencia familiar, comercial, civil, administrativa, laboral existen también abusos y por eso debemos respetar, en su justa medida, a quienes hacen lo suyo para formar habitantes más justos y comprometidos.

La Fiscal General anunció la semana pasada el retiro de la seguridad que el Ministerio Público le brindaba a Thelma Aldana y a su familia, pero esta decisión se justificó con que ella es una persona comprometida con el derecho y, en consecuencia, al cesar en el cargo ella tendrá seguridad del Ministerio de Gobernación. La explicación nos debe preocupar a todos, porque al parecer la titular del Ministerio Público dejó a un lado la anomia que nos oprime y que no combatimos.

Al haber creado y mantenido los guatemaltecos una anomia social hemos dejado que el crimen se incruste en las instituciones diseñadas para hacer cumplir la ley y así es como hemos tejido un suicidio de a poquito. El contrabando sin maquillaje que se vive en occidente de productos mexicanos, el narcotráfico y su crecimiento exponencial, así como la trata de personas son fenómenos criminales que tienen concursos oficiales y por eso es que ni la Policía Nacional o el Ejército inspiran confianza. Ninguno de estos crímenes tendría el auge que tiene si no hay aquiescencia oficial.

Si le preguntamos a cualquier persona qué le inspira un retén policial o del Ejército, encontramos la respuesta y no hay que ser sociólogo para comprenderla.

La decisión de la Fiscal General de señalar al Ministerio de Gobernación como la autoridad a quien le corresponde velar por la seguridad de los fiscales que se juegan su vida y la de su familia en su día a día es un pésimo mensaje a lo interno y demuestra una miopía institucional descomunal, porque en un país donde un exministro de Gobernación está siendo pedido para ser extraditado y el propio presidente y ministros almuerzan gallina con loroco con un narcotraficante confeso y planeador de asesinatos políticos da poca luz de esperanza.

No se trata solo de Thelma Aldana, se trata de quienes están comprometidos desde San Marcos a Jutiapa y desde Petén a Escuintla para que medio funcionemos a quienes la Fiscal General les dio le espalda, y esto es reprochable.