Hoy, mientras se discute otra ley de emergencia para dotar de medicamentos a los hospitales, nos recordamos de la bochornosa demostración de la politiquería criolla en días pasados, cuando se pretendía imponer el estado de Calamidad como panacea para enfrentar el combate del covid, bajo la lógica de una narrativa equivocada. El decreto justificaba la calamidad basada en un comunicado del Colegio de Médicos y Cirujanos, dirigido al presidente Giammattei y a la ministra de Salud; y a una carta de los jefes de comisión del Congreso, apoyando la solicitud del gremio médico.

Aun cuando se podía inferir que al solicitar “medidas más drásticas, mecanismos de cumplimiento y sanciones” se estaba solicitando un estado de Excepción con toque de queda, el comunicado de marras “no” lo decía explícitamente; más bien enfatizaba que se “pusiera en marcha una campaña comunicando la evolución de la pandemia; evitar aglomeraciones; y la importancia de enfatizar los beneficios de las vacunas”.

Todo lo anterior son acciones que podrían llevarse a cabo, pero el Gobierno no ha demostrado la capacidad de implementarlo en un grado aceptable. Más bien ha perdido la confianza de la ciudadanía, porque después de dos años y miles de millones de quetzales invertidos, no hay resultados concretos y tangibles. El programa de vacunación está atrasado. La mayor parte de las vacunas son donadas. La rendición de cuentas, turbia. El equipamiento hospitalario, aprovisionamiento de medicamentos y contratación de personal son problemas permanentes que hasta los mismos empleados del sistema de Salud lo denuncian y lo califican como deficiente.

Siempre será un error tratar de impulsar un “estado de Calamidad”, porque le confiere demasiados poderes al Ejecutivo. Desde centralizar todos los servicios públicos, estatales y “privados”; limitar el derecho de locomoción; impedir concentraciones; prohibir espectáculos públicos y “cualquier clase de reuniones” hasta “establecer precios máximos o mínimos para los artículos de primera necesidad y evitar acaparamientos”. En otras palabras, es un cañón de máximo calibre para una coyuntura delicada.

Considerar toques de queda siempre será un absurdo. Cerrar a las 8 pm implicaría dejar de laborar a las 6 pm, con todas las consecuencias en pérdidas de productividad y generación de ingreso. El desfogue de la demanda actual en el transporte inicia a las 4 de la tarde y continúa hasta las 9 PM. Esto generaría una demanda alta en el transporte público y privado, causando aglomeraciones de personas; contraviniendo la lógica misma de la disposición, que es limitar al máximo la aglomeración.

Las calamidades que como país hoy padecemos no se deben únicamente a los efectos de la pandemia; ni se pueden curar por decreto. Son problemas sistémicos y estructurales que hemos venido jalando como yunque al cuello desde hace décadas. La fórmula para atraer inversión, generar empleo y desarrollo económico sigue estando ligada a la gobernabilidad y al estado de Derecho. Nadie va a invertir en un país con semejantes especímenes zoopolíticos abrazando el clientelismo con fervor absoluto.

Nuestro sistema político está acabado en tanto esos problemas de fondo no se resuelvan, y con ello, los satisfactores sociales, que cada día acercan más el fósforo a la gasolina hasta que el día sea perfecto para un Maduro venezolano, un Castillo peruano o un Evo en el paraíso bolivariano. Los ideólogos locales ya están salivando para que las soluciones no se den prisa; salte a la tarima el émulo salvador de los arriba señalados y se concrete una nueva nación plurinacional, incluyente, socialista, a la mejor manera de esos líderes que tienen a sus países en total “dizque” prosperidad…
Por cierto… Cayó el kirchnerismo en Argentina.