El hallazgo de Q122 millones en una residencia en Antigua Guatemala ha supuesto uno de los mayores hitos del fiscal Juan Francisco Sandoval y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y al mismo tiempo el derrumbe total de la imagen del gobierno de Jimmy Morales. Sobre el origen de esta caleta millonaria existen dos versiones. La primera es que es producto de sobornos que amasó el exministro de Comunicaciones José Luis Benito y que evidencia el alto nivel de corrupción que hubo en el anterior gobierno. Es difícil que el expresidente Jimmy Morales no supiera de la existencia de esa plata, ya que es íntimo amigo de Benito y en los últimos meses han estado en constantes giras por los departamentos para promover al exministro de Ambiente Alfonso Alonzo, como próximo candidato presidencial. Si los sobornos fueran la procedencia de ese dinero, es necesario saber qué empresarios fueron los que lo dieron porque esas prácticas corruptas determinan la mala calidad de las obras públicas.

La segunda versión es que las investigaciones se orientan hacia la hipótesis de que esa caleta es fruto de una coperacha, similar a la que grandes empresarios organizaron para hacer cabildeos en Estados Unidos para echar a la Cicig. Se estima que también habría dinero procedente del narcotráfico, porque es un sector interesado en influir políticamente. No se puede obviar que esta semana fue reelecta la junta directiva del Congreso, en la cual un partido político con vínculos con el crimen organizado ocupa una vicepresidencia.

¿Cuál sería el objetivo detrás de esa coperacha? Asegurar la dictadura de la corrupción e impunidad con el control del Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, además de apaciguar al Ministerio Público y la Contraloría General. Para ello, los sectores involucrados en el Pacto de Corruptos necesitan dinero para aceitar la maquinaria que les permita apoderarse de esas estructuras del Estado. Eso también pasa por quitarse el principal estorbo para sus fines: la Feci, que es la heredera de la Cicig, de ahí que ese dinerito también hubiera servido para continuar con la campaña de desprestigio contra el fiscal Sandoval.

¿No les parece raro, estimados lectores, el silencio absoluto del sector empresarial organizado sobre la incautación de los Q122 millones? En los últimos meses hemos visto que varias cámaras empresariales han emitido comunicados en contra de la Corte de Constitucionalidad por cualquier cosa, pero ahora casualmente se quedaron mudas. Quién sabe cuál sea la razón de ese mutis, pero con anterioridad se supo que de esos sectores provino bastante plata para aplastar la lucha contra la corrupción que impulsó la Cicig. Estos sectores también han de estar complacidos de que se haya reelecto la directiva del Congreso, con el apoyo del presidente Alejandro Giammattei, Sandra Torres, Zury Ríos, el narcopartido UCN y otros que conforman el Pacto de Corruptos y que le apuestan a mantener el statu quo en Guatemala.

Me imagino que en Washington más de algún funcionario ha de estar lamentando haber apoyado al gobierno de Jimmy Morales y al sector empresarial organizado, que les vendieron la idea de que al sacar a la Cicig eliminaban el fantasma del comunismo. EE. UU. avaló el ataque y salida de Iván Velásquez. En la práctica, Washington abrió las puertas de par en par para que en Guatemala se consolide la dictadura de la corrupción y la impunidad. Obviamente eso también deja espacio para que reine el narcotráfico sin mayor control, algo que afecta los intereses norteamericanos. Por algo el exembajador de EE. UU. Luis Arriaga dijo recientemente que se arrepentía de no haber evitado la salida de la Cicig del país. ¿Será que ahora la potencia del norte permitirá que las mafias se hagan del control total del Estado?