El deterioro de la imagen del gobierno de Jimmy Morales es más que evidente. En el país, así como en EE. UU. y Europa, hay preocupación por la captura del Estado por parte de mafias, con el abierto respaldo del presidente. Lejos de luchar contra la corrupción y la impunidad, el mandatario se ha coludido con ese monstruo que ha copado los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como el Ejército, de la mano de la cúpula del sector privado organizado. El objetivo no es solo saquear los recursos públicos, sino controlar áreas estratégicas de los organismos del Estado. Esa era la urgencia de aplastar la lucha contra la corrupción. Según ellos han logrado derrotar los intentos de la Cicig de acabar con la impunidad y se creen victoriosos de haberla echado del país. Esa actitud impune es la que ha movido a un grupo de diputados a tratar de aprobar reformas a la Ley de Reconciliación Nacional para favorecer a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, sin importarles que sea inconstitucional.

La semana pasada, un directivo de la Cámara de Industria expresó que “los trapos sucios se lavan en casa”, en referencia a que no es necesaria la “injerencia extranjera” para atacar la corrupción. Claro, es el discurso de la “soberanía nacional” porque aquí ese sector privado organizado pone y quita funcionarios a su sabor y antojo, y puede comprar la justicia. Pensar que todavía hay quienes piden que a los empresarios no se les critique porque son los generadores de riqueza y todo aquel que los señale es tachado de comunista. Por supuesto que hay empresarios honestos y que cumplen con la ley, pero hay otros mañosos, acostumbrados a exigir reglas claras, pero actúan con total impunidad, y son ellos los que financian ilícitamente a candidatos para que luego les hagan los mandados, como lavar la ropa sucia en casa. Eso es parte de la captura del Estado, porque tienen a funcionarios, como el presidente Jimmy Morales, que hacen ese tipo de mandados.

Por eso resulta importante el discurso del empresario Dionisio Gutiérrez, que la semana pasada calificó a la Casa Presidencial como “casa de ladrones” y señaló al mandatario de haber causado una devastación institucional. “Su plan de gobierno fue mantener la captura del Estado, viola la Constitución cada vez que le da la gana, lejos de liderar el esfuerzo de la lucha contra la corrupción, la destruyó”, expresó. Quizá por su procedencia empresarial, Gutiérrez se guardó de decir que tras ese mandatario está la mano titiritera del Cacif, pero se sobreentiende cuando agregó que Morales, en lugar de solucionar problemas sociales, “se dedicó a decir mentiras y proteger intereses”. Añadió que la dirigencia política es inservible y es el reflejo de las élites del país. Estas críticas tienen relevancia porque provienen de un empresario de alto nivel, a quien no se le puede señalar de izquierdista o que su objetivo sea destruir la economía del país.

A nivel internacional los señalamientos también son apabullantes. El Departamento de Estado de EE. UU. hizo hincapié en la persistencia de la corrupción en el gobierno guatemalteco y le propinó un duro golpe al suspender la ayuda militar, luego del mal uso de vehículos artillados que Morales utilizó para amedrentar a la Cicig y a la propia Embajada de EE. UU. Washington también dejó ver su rechazo a la amnistía que favorecería a criminales si el Congreso guatemalteco reforma la Ley de Reconciliación Nacional. A eso se agrega que el Parlamento Europeo se mostró preocupado por la modificación de la Ley de Reconciliación y pidió al gobierno que cese los ataques contra la Cicig, los cuales, señaló, se produjeron luego de que el mandatario fue señalado de financiamiento ilícito en la campaña electoral pasada. Como se ve, tanto a nivel nacional como internacional el presidente Morales no engaña a nadie y el repudio en su contra se acrecienta.