La cleptocracia se entiende como el sistema en el cual los gobernantes están empeñados en el saqueo de los recursos del Estado para su propio provecho. Se trata de un gobierno de ladrones, que ha institucionalizado la corrupción y sus acciones han quedado en la impunidad porque la justicia está prostituida. Todo el aparato estatal ha sido puesto a disposición de los gobernantes. En los últimos cuatro años hemos experimentado un serio retroceso, quizá mayor que el que supusieron los gobiernos de Pérez Molina y Jimmy Morales. No hay otra manera más clara de describir lo que ha ocurrido durante el régimen de Alejandro Giammattei, que ha contado con el respaldo de la alianza oficialista, encabezada por las bancadas de Sandra Torres y Zury Ríos. Una coalición que ha manipulado las leyes para tratar de evitar que tome posesión el binomio electo de Bernardo Arévalo y Karin Herrera por no convenir a los intereses de esa cleptocracia.

Al principio se pensó que Giammattei tenía altas virtudes de negociación política para articular una alianza legislativa fuerte, pese a que su partido solo había logrado una bancada de 17 diputados. Sin embargo, el poder de convencimiento provenía de una billetera con recursos ilimitados procedentes del erario. Así comenzó el saqueo de los recursos del Estado que hizo la magia de que el Congreso ignorara la elección de una nueva Corte Suprema y prolongara la estancia de los magistrados, afines a Giammattei, durante cuatro años. Otro tanto ocurrió con la Fiscalía General, donde Consuelo Porras se puso a las órdenes de su “amigo” presidente para alterar las prioridades del Ministerio Público. Giammattei pasó sobre el principio de separación de poderes y puso de rodillas a la justicia y la investigación penal.

Si alguien es responsable de la debacle criminal que afronta el país es Giammattei, al haber puesto a su servicio al Ministerio Público y vulnerar su autonomía. A través de sus títeres en la Fiscalía, el mandatario atacó a fiscales y jueces que lucharon contra la corrupción, lanzó una cacería contra los periodistas críticos, como Jose Rubén Zamora, y a la vez se mostró benévolo con los grandes saqueadores del Estado. Fue así como, por medio de Consuelo Porras, benefició, entre otros, a Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón y Otto Pérez Molina, todos fuera de la cárcel. Porras ignoró la escandalosa corrupción del presidente y sus aliados. La sanción de Estados Unidos contra Miguel Martínez, la pareja sentimental de Giammattei, fue un golpe contundente contra el silencio de Porras a esa rapiña de los recursos del Estado. La imposición de la Ley Magnitsky contra Martínez debe entenderse como una sanción indirecta a Giammattei por la corrupción en la compra de las vacunas rusas Sputnik V.

Giammattei se interesó en engordar sus arcas personales y se olvidó de sus ofrecimientos de campaña. Ya no volvió a tocar la salida de Guatemala del Parlacén porque ahora le servirá de refugio cuando abandone la Presidencia. El mandatario deja un país con las carreteras destrozadas, escuelas y centros de salud destruidos y una alta delincuencia. Peor aún, Giammattei no hizo nada para detener la criminal desnutrición infantil. El año pasado, el Ministerio de Salud informó que la desnutrición aguda aumentó un 40% y la prevalencia de la desnutrición crónica se mantuvo en el 46.5%. A septiembre del año pasado existían en el país 18 mil 460 niños de 0 a 5 años con desnutrición aguda, según información oficial. Esa cifra contrasta con los datos del 2022, cuando se registraron 13 mil 299 casos. Esta situación coloca a Guatemala como el primer país de América Latina y el sexto del mundo con niños desnutridos. Este es el vergonzoso legado de Giammattei, un presidente a quien espero que la justicia alcance.