El 3 de septiembre del 2019 llega a su fin un experimento fallido que duró doce años, la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (Cicig). Mis amigos Ramón Parellada y Fritz Thomas publicaron dos columnas en estas páginas relevantes a dicho hito nacional. Thomas hace un retrato realista de los actores protagónicos: los políticos, los empresarios, los oenegeros, los grupos de presión y hasta los jueces y magistrados son personas imperfectas, de carne y hueso. Era demasiado esperar que los funcionarios de la Cicig se comportaran como robots imparciales y omnicompetentes, capaces de resistir las agendas personales, políticas e ideologías, solo por el hecho de ser extranjeros. A su vez, Parellada identifica la falta de límites al ejercicio del poder como la causa principal del fracaso. “Jamás debimos otorgarle a la Cicig el poder absoluto, capacidad, total inmunidad e impunidad para acusar personas”, sentencia Parellada. La Cicig misma se corrompió. Ambos tienen razón.

Debemos aprender de los errores cometidos para encaminar los futuros esfuerzos. Es simplista la interpretación según la cual la Cicig hacía todo espléndidamente, pero su labor fue torpedeada por “los corruptos”. Existen testimonios de personas decentes cuyas vidas fueron destruidas injustificablemente por la Cicig. Libros como el de Anaité Alvarado pintan un deprimente cuadro de las múltiples deficiencias en el sistema judicial, desde las cárceles hasta las cortes. Mientras la Cicig se ensañó contra ciertas personas y enfiló sus cañones hacia “los corruptos”, los cuerpos ilegales y las estructuras clandestinas de seguridad, que eran su objetivo original, siguieron operando. Las mejoras en los aparatos nacionales de justicia han sido insuficientes. La percepción de corrupción permanece elevada.

Las ideas, los incentivos y las instituciones son “3 Ies” interpretativas que nos ayudarán a poner en marcha estrategias constructivas.

Los socialistas aducen que el poder económico origina la corrupción. Proponen destruir la propiedad privada y al empresariado para que los poderosos dejen de pervertir al Estado. En realidad, el poder estatal, especialmente el poder arbitrario, da pie a la corrupción. ¡Los regímenes socialistas y totalitarios suelen ser más corruptos que los países libres! Hay que construir la estrategia de combate a la corrupción partiendo de la idea correcta: las oportunidades de corrupción se producen cuando el sistema económico no cuaja con el sistema político. Entonces los cargos públicos son abusados para cosechar beneficios personales. Por eso, la cura no es incrementar el poder en manos de los funcionarios públicos, pasar múltiples regulaciones y leyes, o contratar a un batallón de fiscalizadores para controlar a los actuales controladores.

Los incentivos deben ser tales que el costo del acto corrupto supere los beneficios del mismo. Por ejemplo, si se eliminan las aduanas, los agentes no retendrían contenedores a cambio de sobornos. O si los aranceles de importación son bajos y uniformes, como es el caso de Nueva Zelanda, que tiene un arancel máximo de 1.6%, entonces ofertas de las autoridades para evadir el impuesto son bastante menos atractivas que cumplir con la regulación.

Es vital revisar la cadena de incentivos que imperan dentro de las instituciones políticas y de justicia. Dichas instituciones se distorsionan cuando son empleadas para intercambiar peticiones clientelares. Desmantelar las estructuras mercantilistas que privilegian y protegen a los ciudadanos con acceso al poder político es un paso en la dirección correcta. Un sistema abierto de reglas claras no sólo trae prosperidad material sino es más transparente.