Conocí al doctor Jorge Villavicencio en 1986. Lo recuerdo muy bien porque mi primera experiencia de formación hospitalaria fue justamente en el servicio de encamamiento de medicina interna de mujeres, cuando él era el jefe de ese servicio en el Hospital Roosevelt. Lo recordé muchos años como el excelente internista e infectólogo que fue. Luego fue ministro de Salud y la percepción fue evolucionando, lamentablemente en sentido contrario. Las circunstancias legales por las que atravesaba no impiden que sienta pesar por su fallecimiento. Exigir justicia para el sistema público de salud no significa alegrarse por el sufrimiento ajeno.

Tengo muy presente la crisis de desabastecimiento de medicamentos de los años 2013-2014. Su profundidad no tiene parangón en la historia previa del Ministerio de Salud. Durante meses dejó de haber disponibilidad de medicamentos y hasta de alimentos en los hospitales; tampoco se le podía pagar al personal. Como siempre, la crisis fue más visible a la sociedad por el colapso de la red de hospitales públicos capitalinos, pero su alcance fue casi total. Solo que, en los servicios de primer y segundo nivel de atención del Ministerio y en los hospitales departamentales, la crisis se sufrió en silencio y la experimentó en carne propia la gente más humilde y desprotegida de todo el país.

La falta de apoyo a la investigación en general propició que no se hicieran estudios epidemiológicos sobre las repercusiones de esa crisis en términos de vidas humanas perdidas, situaciones de enfermedad o discapacidad deterioradas; o riesgos a la salud colectiva incrementados. Pero algunos sí llevamos algún recuento y sus efectos fueron muy fuertes: Se suspendieron servicios de consulta externa y cirugía electiva durante varias semanas en distintos hospitales y se profundizó el desabastecimiento crónico de medicamentos en centros y puestos de salud. Como consecuencia, se exacerbó también la práctica de solicitar a los familiares de los pacientes que cubrieran lo faltante, llegando al punto de que ya no eran solo medicamentos o procedimientos diagnósticos los que se pedían, sino también el jabón, desinfectantes, sábanas, toallas y hasta ropa para sala de operaciones.

Durante dos años, el MSPAS no compró vacunas. Las coberturas de vacunación de enfermedades prevenibles de la niñez llegaron a su punto más bajo en décadas, poniendo a toda la población en alto riesgo epidémico. Igualmente ocurrió con la compra de productos para el control de vectores de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika. Estas otras epidemias florecieron y dejaron también su cuota de enfermos, y problemas congénitos en recién nacidos que marcaron para siempre estas vidas y las de sus familias, que nunca recibirán apoyo del Estado. Hay centros y puestos de salud donde inclusive se les pidió a los pacientes que llevaran su propio papel y fólder para crear su expediente médico. A estos niveles de precariedad llevaron a la red de servicios de salud del MSPAS en esos años, a pesar de que, entre 2012 y 2015 el presupuesto del MSPAS fue incrementado en casi un 50%.

Dos años tomó estabilizar al MSPAS y regresarlo a los niveles de precariedad que tenía antes del 2014. Lo inmediato se solventó, pero las prácticas no cesaron. Solo se modularon y se sofisticaron. En la crisis actual de inoperancia ministerial se han hecho nuevamente muy evidentes; procesos de licitación caídos que luego se suplen por compras directas, al punto de que el 70% de las compras en MSPAS se hacen con ese mecanismo. Las transas ya están institucionalizadas. Uno de los resultados de haber quebrado el proceso de depuración del aparato público que se venía haciendo.