La resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó una solicitud de retirarle el antejuicio a la fiscal general, Consuelo Porras, es una muestra más de cómo la justicia ha sido cooptada por el Pacto de Corruptos. Los magistrados salieron en defensa de la jefa del Ministerio Público (MP) luego de que la organización Acción Ciudadana solicitara que fuera despojada de su inmunidad debido a que cometió ilegalidades en la destitución del fiscal Juan Francisco Sandoval. Sin embargo, no les bastó proteger a Porras, sino que emprendieron un ataque directo contra el diario elPeriódico, lo cual evidencia una actitud marrullera, abusiva y vengativa, propia de delincuentes y no de magistrados. ¿Cómo pueden rechazar la solicitud de antejuicio porque se basaba en una declaración del abogado Marco Aurelio Alveño, pero al mismo tiempo ordenar que el MP investigue la posible comisión de delitos por la publicación de tal testimonio por parte de elPeriódico?

Es clara la contradicción en que incurrieron los magistrados de la CSJ porque rechazaron la petición de Acción Ciudadana debido a que la consideraron insuficiente y de dudoso valor probatorio. Eso quiere decir que para ellos la declaración de Alveño no tendría ningún sentido y, por lo mismo, no le darían importancia. ¿Por qué, entonces, en la misma resolución los magistrados le dan importancia al testimonio al decir que ese documento no debió ser publicado y debió mantenerse en secreto? Muy sencillo, porque tal declaración evidencia plenamente la corrupción que existe en el Ministerio Público y la élite depredadora que controla el Estado no quiere que se sepa cómo operan las mafias. Hay que recordar que la fiscal general protegió totalmente a Nester Vásquez, que era investigado por el exfiscal Sandoval, y permitió que este pasara de la CSJ a ser flamante magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Son favores entre mafiosos.

Alveño, quien fue defensor de Gustavo Alejos y Édgar Barquín, denunció que durante la administración de Consuelo Porras en el Ministerio Público se han hecho manipulaciones y arreglos a conveniencia para ayudar a personas sujetas a investigación y persecución penal. Según el testimonio del abogado, desde el despacho de Porras se compartió información privilegiada al presidente Alejandro Giammattei que este utilizó para proteger a personas que le eran cercanas. Dijo que el secretario Ángel Pineda filtraba información sobre allanamientos, entre ellos de Alejandra Carrillo, directora del Instituto de Atención a la Víctima. En sus declaraciones, Alveño señaló que Porras protegía a Barquín y que detuvo al exfiscal Sandoval cuando este quiso investigar al expresidente del Banco de Guatemala. Este tipo de testimonio le da sentido a la decisión de Estados Unidos de haber incluido en la lista de corruptos a la fiscal Porras y a su secretario Pineda.

Los magistrados de la CSJ no quieren que informaciones como estas sean publicadas por los medios de comunicación, y por eso ahora persiguen a los periodistas. La resolución de los magistrados es totalmente inconstitucional porque lesiona el derecho a la libertad de expresión, garantizado en el artículo 35 de la Carta Magna. De esta manera quieren acallar las voces críticas y evitar que la prensa que no es obsequiosa con el poder pueda dar a conocer la forma en que opera la alianza establecida entre el presidente Giammattei, la coalición oficialista que controla la junta directiva del Congreso, el Ministerio Público de Consuelo Porras, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y de la CSJ. Esta es la dictadura de la corrupción y la impunidad que cree tener el control del país. Por ello debemos decir no a estas muestras de intolerancia y de utilización de la justicia a favor de las mafias.