Fue tremendo escuchar el programa ConCriterio, la semana pasada, abordando la situación de la desnutrición aguda de la niñez en el municipio de Panzós, Alta Verapaz. A nivel nacional, y según las proyecciones de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria, hechas para el período marzo 2022-febrero 2023, solamente 6.7 millones de guatemaltecos (38%), de un total estimado de 17.6 millones de habitantes (redondeo), viven con seguridad alimentaria; el otro 62% de la población sufre gradientes variables de inseguridad alimentaria, de las cuales se proyectó que unos 3.2 millones de personas podrían enfrentar una situación de crisis (3.1 millones) o de emergencia (0.1 millones) alimentaria a lo largo de ese período. No sorprende, entonces, que “aparezcan” casos de niños y niñas con desnutrición aguda en las comunidades; más bien, lo que sorprende es que no sean más los casos, con semejantes proyecciones de riesgo de Insan.

En ese sentido, valdría la pena revisar cómo el cambio en el procedimiento para clasificar un caso como “desnutrición aguda” está impactando dicho conteo; es, justamente, a partir de que se introdujeron cambios en este proceso, en 2020, que las cifras oficiales de desnutrición aguda en la niñez comenzaron a reducirse. Curiosamente, en un período donde, además, se implementaron barridos nutricionales que permiten detectar casos que no se detectan regularmente. Es decir, lo que se hubiera esperado eran incrementos en los casos detectados de desnutrición aguda, más que descensos, simplemente por mejoras en la detección. Pero no ha sido el caso.

A las condiciones crónicas y estacionales de inseguridad alimentaria en que vive la gente en el área rural año tras año (y que tampoco se resuelven porque para ello se tendría que tocar la estructura económica y política del país que favorece la concentración de la riqueza y recursos en unos pocos, a costa de la precariedad y expulsión de las mayorías), se le han adicionado las dinámicas inflacionarias que han incrementado el precio de los alimentos y de los insumos agropecuarios, en especial de los fertilizantes. Es decir, ahora comer es mucho más caro. También se suma el deterioro ambiental y la variabilidad climática, no digamos, si se recuerda, además, que hogares en territorios como Panzós sufren agresión y violencia, desalojos de comunidades enteras de sus hogares y de las pocas tierras que tenían para cultivar.

En los últimos años se hace mucho menos referencia a las causas estructurales que perpetúan la desnutrición y la inseguridad alimentaria y nutricional, y se le ha puesto mucho mayor peso en la narrativa a la importancia de intervenir sobre los factores causales inmediatos y mediatos de estos fenómenos. Si bien, las medidas que impactan sobre causas inmediatas y mediatas son insuficientes para erradicar estos problemas, sí son indispensables para remediar a tiempo situaciones como la desnutrición aguda de la niñez.

Se sabe bastante bien cuáles son las acciones que impactan sobre las causas inmediatas y mediatas de la desnutrición aguda; el problema es que las entidades que tienen a su cargo la ejecución de estas acciones no las implementan, o se realizan de manera tal que no crean el impacto y la sinergia necesarios para provocar cambios. Para quienes hemos estudiado y documentado paso a paso qué es lo que no funciona en el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala y, en general, en el sistema de gestión pública del país, no sorprende la reiteración de estas situaciones. Se perpetúan, entre otras cosas, por la falta de voluntad política para resolver las ineficiencias institucionales en el sector público.