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La defensa de un justo juez (II)

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El proceso de antejuicio contra el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sigue avanzando. El magistrado Roaldo Isaías Chávez Pérez, nombrado como pesquisidor por la CSJ, regresó el expediente para que el Pleno conozca la recusación que Gálvez presentó en su contra.

La recusación contra Chávez Pérez está basada en 4 puntos: 1) Su amistad con Raúl Falla, abogado auxiliante de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), entidad que colocó la denuncia en contra del juez Gálvez. 2) Haber fungido como asesor de Despacho de uno de los viceministros de Gobernación en el tiempo en que Mauricio López Bonilla era el ministro. Recordemos que el caso por el que se colocó la querella contra Gálvez Aguilar es el de “Cooptación del Estado” en donde el exministro López Bonilla es uno de los imputados.

3) El trabajo que Roaldo Chávez desempeñó en la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam), entidad adscrita al ministerio de la Defensa Nacional, lo cual habla de sus vínculos con el ejército; situación que pone en duda su imparcialidad debido a que Miguel Ángel Gálvez ha conocido y resuelto diversos expedientes contra militares señalados de graves violaciones a los derechos humanos. Y 4) El hecho de ser hermano del exdiputado de Líder Luis Chávez Pérez, condenado por el delito de tráfico de influencias. Para nadie es un secreto que en el juzgado B de Mayor Riesgo, que preside Gálvez, se han tramitado numerosos expedientes relacionados con congresistas y políticos y esto podría comprometer la independencia del pesquisidor siendo que su hermano fue condenado por un delito de corrupción.

Todo lo anterior da motivos para que la Suprema lo aparte del caso. Pero por si esto no fuera suficiente, hay un elemento adicional. Al momento de recibir el expediente de antejuicio contra Miguel Ángel Gálvez, la conformación de la sala segunda había cambiado. Resulta que su presidente, Gustavo Adolfo Dubón, estaba suspendido por enfermedad y quien se desempañaba como vocal I era el magistrado Eduardo Galván Casasola. Según lo resuelto por la CSJ, el juez pesquisidor designado para el “caso Gálvez” debe ser quien al momento de la recepción del expediente ocupaba la primera vocalía. Es decir, el magistrado Galván.

Ahora bien, es por lo menos llamativo que, una vez más, la CSJ designe a la Sala Segunda de Apelaciones para conocer un proceso de antejuicio contra un juez de Mayor Riesgo. Si hay 12 salas, surge la duda de por qué los expedientes siempre terminan ahí. Vean ustedes: el retiro de la inmunidad de Pablo Xitumul, quien presidía el Tribunal C de competencia ampliada, lo conoció el magistrado Galván Casasola y el de Erika Aifán, entonces titular del juzgado D de Mayor Riesgo, recayó precisamente en Roaldo Chávez Pérez. ¿Sala de apelaciones y jueces ad hoc?

Y si nos vamos al fondo, el asunto es aún más inquietante. Resulta inexplicable, como ya manifesté en una columna anterior, que la mayoría del Pleno de la Suprema le haya dado trámite a la solicitud de antejuicio a partir de una querella sin fundamento. Al juez Gálvez se le acusa de no cumplir con los plazos procesales en el caso “Cooptación del Estado”, cuando era imposible que resolviera en 24 horas la prisión preventiva de 57 acusados y, a la vez, les garantizara su derecho de defensa. Más aún: dice la CSJ en la resolución donde da luz verde al trámite de antejuicio, que “no se observaron motivaciones ilegítimas toda vez que la querellante (es decir, la FCT) resultó directamente afectada por los hechos que se atribuyen al funcionario judicial querellado”, cuando es de todos conocido que dicha fundación nunca ha formado parte del caso “Cooptación”, por lo que es imposible que resultara afectada. Reitero: la intención no es otra que castigar a un juez justo e independiente.