Con nombre propio

La demagogia y la impunidad

Alejandro Balsells Conde @Alex_balsells

Cuando se concibió la idea de la Cicig fue porque se estableció una hipótesis: Guatemala, como Estado, tiene instituciones capturadas y es imposible la construcción de un estado de Derecho con impunidad y además con cuerpos clandestinos bajo la tolerancia (o mando) de las autoridades. Sin estado de Derecho no hay desarrollo.

Al terminar la Cicig la hipótesis se comprobó y nuestras autoridades (desde Berger a Morales) se sentaron como espectadores a ver cómo se diseñaba el combate de la corrupción desde el ámbito penal y sucedió lo que era lógico, existen logros y metas cumplidas desde el ámbito penal y estos puntos a Morales, rodeado de violadores de Derechos Humanos como Ovalle y Compañía, asustó, porque no entendió que la misión era más amplia.

Muchos estamos seguros de que si no fuera por la Cicig Manuel Baldizón habría sido presidente y un candidato fuerte sería Alejandro Sinibaldi. Con los millones robados por quienes engalanaron al Partido Patriota y a Líder, pocos podrían haber competido. Además, las organizaciones políticas con algún margen de éxito son las narcoestructuras como la UCN.

Una sociedad centralista y excluyente, como la nuestra, descubrió luego de 20 o más años lo que distintos procuradores de los Derechos Humanos han denunciado: el abuso de la prisión preventiva y por eso se logró hace casi tres años la aprobación de una ley que implementaría el control telemático. Control telemático es la geolocalización de personas vinculadas a procesos por medio de dispositivos electrónicos (como en las películas), pero siendo un contrato apetecible no se echa a funcionar. En cuanto al Gobierno solo demagogia existe respecto del terrible drama de la prisión sin sentencia y con esta ley encontramos la evidencia.

El objetivo inicial fue apuntalar la construcción efectiva del estado democrático de Derecho por medio de una persecución penal efectiva; sin embargo, el punto de quiebre fue la denuncia por corrupción en la Municipalidad de Guatemala y ya sabemos qué ocurrió.

El gobierno de Morales, al proponer cambios a la Ley Electoral y a la Constitución, inició por un camino lógico; sin embargo, se alió a los de siempre y hoy tenemos comisiones de postulación deslegitimadas y magistrados a quienes se les irrespeta su carrera judicial. Además, brillantes civilistas serán enviados a lo laboral, o excelsos penalistas resolverán casos tributarios, por citar algunos ejemplos.

Alejandro Giammattei tiene razón al señalar que la corrupción debe atacarse desde su fuente, y ya que lo dijo, ahora tiene el reto de mostrar su compromiso real hacia una reforma integral del régimen.

Si hablamos de control, por ejemplo, es absurdo que la Procuraduría General de la Nación no tenga ley orgánica emitida conforme la Constitución. Es imposible creer en una Contraloría de Cuentas con criterios de ocasión y de ventanilla; hemos visto que la corrupción es en plazas fantasmas y el botín es tan grande que no quiere entrársele al servicio civil; es imposible hablar de contratación pública de calidad cuando la ley se interpreta, por cada institución, de forma diferente e impune. Las universidades y los empresarios no pueden tener banca en cualquier órgano público, el sistema corporativo llegó a su tope y en buena parte constituye el cáncer que nos harta vivos; ojalá lo entendamos.

La discrecionalidad y las ocurrencias matan cualquier intento por construir un estado de Derecho y el sistema mercantilista tiene esto como cimiento. El poder, el verdadero, quiere y logra impunidad, por eso evidenciemos tanta demagogia oficial y si se quiere un régimen constitucional de derecho efectivo empecemos por el comienzo, debatamos los cambios constitucionales urgentes porque con lo que tenemos no podrá conseguirse algo distinto.