La cuestión de fondo no parece ser si las democracias latinoamericanas son realmente democracias o no, sino cuánto afectan a los particulares intereses y privilegios de las elites dominantes, las medidas gubernamentales que se toman en distintos países de nuestra región. A la clase gobernante, incluidos los financistas, corifeos, operadores políticos y los perros del orden, cada vez les importa menos si vive en una República, en una democracia, en un Estado-nación o en una dictadura. Lo que les interesa es preservar el statu quo.

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif) nos pone en bandeja un buen ejemplo. En su comunicado del 3 de mayo recién pasado, expresa su “grave preocupación por los acontecimientos sucedidos el fin de semana relativos a la remoción de magistrados de la Sala Constitucional y el Fiscal General en El Salvador”. Al mismo tiempo manifiesta “la necesidad de reafirmar el principio republicano de separación de poderes”, por considerarlo “fundamental” para el buen funcionamiento de un sistema de pesos y contrapesos.

Ese Cacif, sin embargo, es el mismo que ha apoyado una serie de acciones tendientes a la cooptación del Estado y ha callado frente al abuso de los tres poderes que ahora están alineados alrededor de una alianza mafiosa que tiene vía libre en un sistema donde ya no existen los pesos y contrapesos entre las instituciones estatales. Además, este es el Cacif que condena abiertamente la dictadura de Ortega en Nicaragua, pero muchos de sus miembros no tienen empacho en tender puentes comerciales con ese gobierno; como también saben voltear la mirada hacia otro lado ante la gestión del gobierno hondureño, plagada de escándalos de corrupción y narcotráfico, como en el caso guatemalteco. Así la congruencia.

Y sí, puede llegar a ser muy grave lo que está sucediendo en El Salvador, pero aún no tenemos todas las respuestas. El mecanismo democrático por excelencia sigue siendo el voto de la ciudadanía, y de allí habría que partir para abrir espacios de profundos diálogos sobre lo que nos está sucediendo en Centroamérica (no somos el triángulo norte). Está claro para mí que no hay dictadura buena, pero este remedo de democracia que tenemos en Guatemala, vendida y comprada siete veces siete por el poder narco y por el capital tradicional, ha cavado una tumba cada vez más honda para nuestra famélica democracia. La elección de cortes, la conformación del peor Congreso de nuestra historia, las instituciones cooptadas del Estado, un proceso de vacunación lento, corrupto y cargado de irregularidades desde el inicio; la poca formación y cultura de la clase política, los vergonzosos indicadores sociales, los continuos actos de corrupción de la alianza mafiosa y el cabildeo constante en Washington para impedir el avance democrático son nuestras actuales medallas a lucir.

Por otra parte, Colombia, a la sombra del irreductible fantasma de Uribe, que mueve hilos desde el Norte, pierde la posibilidad de responder por la vía judicial y civilizada las demandas ciudadanas y tiene a sus perros del orden matando a la gente. México, Brasil, Chile, Venezuela, Argentina o Ecuador. Hablemos de todos ellos, de lo que nos ha definido en el último medio siglo y más allá, porque nada de lo que sucede hoy es de generación espontánea. Comencemos a hablar en serio, o resignificamos el concepto de democracia o nos ponemos a imaginar otro sistema de gobierno que nos funcione.

Pero no sigamos defendiendo a las democracias de papel, prostituidas y lapidadas por sus enemigos. “Hoy sabemos” dijo Mario Payeras alguna vez, “que el regreso a las primaveras idas es irrealizable; que el hábito de explicarse las cosas acalambradas de contradicciones es la fuente de toda lucidez, y que el oficio de conspiradores para cambiar el mundo es la única manera de no envejecer”.