Hecha la ley hecha la trampa, pero también hecha una mala ley, hecha las consecuencias, como las que actualmente está generando la pésima Ley Electoral y de Partidos Políticos (Lepp). Una ley que nació con profundas fisuras antidemocráticas y unas zonas grises con amplios vacíos discrecionales de interpretación, con clara predestinación de enfrentar reclamos de violación. Especialmente la libertad de expresión, al tenor del artículo 35 de la Constitución Política de Guatemala, que indica: “Es libre la emisión del pensamiento para cualquier persona, por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”.

En la publicación del Tribunal Supremo Electoral, de fecha 30 de mayo, “previene a los ciudadanos con o sin afiliación política partidaria, funcionarios públicos y personas individuales en general, que realicen cualesquiera de las actividades previstas en el Artículo 94 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, “a hacer campaña a título individual a cargos de elección popular publicitando su imagen en los diferentes medios de comunicación social”; y se abstengan de esa práctica, en virtud de que su incumplimiento constituye impedimento para su inscripción como candidato a cargo de elección popular en el próximo evento electoral”. / Comunicado Tribunal Supremo Electoral, 30 mayo 2021. /Énfasis es mío.

Escribí en junio pasado: “Pareciera que desean volver a meter en ese vacío legal, amorfo y oscuro todo lo que no es publicitar su imagen”, interpretando absurdamente el legítimo ejercicio del proselitismo político. ¿Para qué existen los partidos políticos entonces…?”. Las contradicciones que tiene la Lepp saltan a la vista cuando leemos, por ejemplo, en el el Artículo 22, Inciso H: “Promover el análisis de los problemas nacionales. En el Inciso F: “Fomentar la educación y formación cívico-democrática de sus afiliados”. Y, el Inciso E: “Propiciar la participación de los distintos sectores ciudadanos del país en la política nacional”.

Lo que esto ha propiciado es que los ciudadanos con aspiraciones de participar en política, aun antes de ser nominados por algún partido político, anden agazapados, con una paranoia insana, temerosos de ser descalificados por una norma para evitar que el debate político sobre temas de profundo interés colectivo se aborden, discutan y analicen en las diferentes plataformas mediáticas que existen. Ahora bien, hay partes de la ley que son claras y no dan espacio para malas interpretaciones en cuanto a llevar a cabo campaña en términos de hacer promesas concretas, lo cual se aparta de los lineamientos anteriores. Las jornadas de afiliación, sea con mensajes en eventos públicos o en redes sociales, se convierte en campaña política cuando el discurso contiene una promesa formal claramente enunciada: “¡Cuando yo llegue haré esto o aquello!”.

Durante las jornadas de afiliación se pueden abordar los diversos problemas nacionales, explicando las soluciones a los mismos, pero sin hacer promesas concretas. Porque hacerlo conlleva otras repercusiones, al poner a los otros candidatos en clara desventaja.

Personalmente creo que la participación ciudadana en política no debe tener ninguna limitación. La libre emisión del pensamiento es uno de los derechos humanos más intrínsecamente unidos a la libertad. No puede haber democracia en un proceso electoral mudo, silenciado y censurado. Ya van varias acciones que las cámaras de Medios y de Radiodifusión han solicitado a la Corte de Constitucionalidad, declarándolas inconstitucionales al menos en 7 artículos y 4 reglamentos de la Unidad de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, contenidas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Siguen empolvadas y con telarañas… La descalificación de candidatos acerca peligrosamente la gobernabilidad al abismo. Ojo…