La cacofonía politiquera está ya casi en su clímax final, lista para desfogarse en votos este 20 de agosto. Gane quien gane, en términos de prioridad para el desarrollo a largo plazo de nuestro país, el tema número 1 es la reforma educativa. Lamentable admitirlo, pero las reformas profundas que requiere la educación en Guatemala enfrentarán, como siempre ha pasado, una resistencia casi total tanto en su enfoque sistémico como por parte de los sindicatos y las bancadas mayoritarias del Congreso cuando los arreglos clientelares preelectorales salgan a flote a cobrar facturas.

Esto, a pesar de que saben perfectamente que la relación entre educación y el desarrollo económico y social de un país es indiscutible. Cada año adicional de escolaridad incrementa la productividad de un guatemalteco en 7%, según el International Adult Literacy Survey. Además, Unicef afirma que cada dólar invertido en educación preescolar retorna US$7.16 a la sociedad y que un año adicional de escolaridad se traduce en un incremento salarial del 6%.

Invertir en la educación de las niñas tiene efectos directos en la sociedad. Una mejora del 10% en su matriculación en primaria podría reducir la mortalidad infantil en 4.1 muertes por cada 1,000 nacidos.

Los beneficios económicos son también palpables. Quienes completan su educación primaria tienen un poder adquisitivo un 19.5% mayor que quienes no lo hacen. La educación es un escudo contra el desempleo: el 25% de los desempleados no ha completado la secundaria, mientras que solo el 2.5% de los graduados universitarios se encuentran sin trabajo, según Unicef.

Sin embargo, el sistema educativo se encuentra atrapado en una telaraña de problemas sistémicos, muchos de los cuales emanan de los sindicatos y los favores políticos de los partidos. Estos intereses particulares han eclipsado el debate político, relegando a un segundo plano las verdaderas necesidades educativas de la nación.

Es lamentable la ausencia de espacios para el debate profundo sobre estos temas. Ambos candidatos han declinado debatir. A pesar de que la educación es un desafío enorme, más aún cuando consideramos las generaciones afectadas por desnutrición y sus consecuencias a largo plazo en el desarrollo mental.

El 49% de la población guatemalteca está compuesta por jóvenes. La política educativa que implementemos decidirá el futuro del país. Por ello, es crucial preguntar: ¿qué medidas proponen los partidos para mejorar la retención escolar y la calidad educativa?

La educación es la inversión más rentable para el futuro de Guatemala. Hasta ahora ha sido rentable para todas las sanguijuelas del sistema, menos para los niños.

La hoja de ruta está marcada desde hace años: escuelas equipadas y funcionales; maestros capacitados; currículos adecuados, manejo de sindicatos y poner la educación como una prioridad nacional.

El presupuesto asignado al Mineduc este año es de Q22 mil 700 millones, incluidos los Q430 millones de aumento salarial producto del pacto colectivo acordado con Joviel Acevedo. Hay aumento, pero no aumenta la calidad.

Hay mucho espacio para analizar cómo se podría mejorar la calidad del gasto educativo, considerando las particulares características de nuestra población infantil. El desafío es la voluntad política.

Las palabras del gran educador Paulo Freire vienen al caso: “La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambian el mundo”.