En un trabajo del CIEN sobre propuestas para superar el covid-19 en Guatemala (julio de 2020) se indica que apenas el 30% de graduandos supera el umbral de aprendizaje para lectura y el 10% para matemáticas. Puede afirmarse, entonces, que la inmensa mayoría de jóvenes graduandos de Guatemala no están preparados para leer con fruto ni entienden de matemáticas.

Son resultados terribles. Y ese resultado tan pobre se debe, como cualquier problema complejo, a muchos factores. Sin embargo, algunos pesan más que otros. Por ejemplo, allí mismo se indica que, de los optantes a una plaza de maestro, apenas la mitad respondió bien las preguntas relacionadas con la enseñanza de lectura y el resultado para matemáticas fue peor: apenas un tercio. Viene a la mente la expresión evangélica de “ciegos guiando a otros ciegos”.

En mi opinión, el problema de fondo es que las élites intelectuales de Guatemala entienden que la gestión de la educación debe estar en manos del Estado o ser estatal. Desde la universidad hasta la preprimaria, las manos del Estado o de entidades estatales deben estar metidas en la educación.

Y es que, según me parece, no se ha entendido que, para subvencionar cualquier actividad no hace falta, también, gestionarla. Dicho de otra manera, una familia bien puede recibir váuchers para cubrir, por ejemplo, dos tercios del coste de la educación de sus hijos sin que, necesariamente, deban acudir a una escuela gestionada por el Estado o a una universidad estatal.

Cuando algunas veces he mencionado algo parecido, inmediatamente saltan las críticas desde dos extremos: del libertario, que el Estado nada debe subvencionar en materia educativa; y del estatista que, en un país de ingresos bajos, como este, hay muchas familias que ni esa tercera parte pudieran pagar.

Cada uno tiene derecho a su opinión y yo tengo la propia; sin embargo, no es el punto de si la educación deba subvencionarse o en qué medida deba serlo el que aquí planteo. Intento hacer ver que no es necesario que el Estado o sus entidades gestionen la actividad educativa como condición para que los usuarios de esos servicios los reciban sin coste alguno o a coste reducido.

También soy consciente de que, en algunos países, la educación estatal, regional o municipal no funciona mal ni da malos resultados. Eso se debe, principalmente, a que en esos países los sistemas de control de todas las actividades encargadas a cualquier nivel de gobierno (nacional, regional o municipal) son eficientes y hay unos jueces verdaderamente independientes que hacen valer las leyes aplicables.

Otra objeción que se presenta con frecuencia en contra de los sistemas llamados “de váucher” o similares es que, en manos del Estado, no se cubren beneficios o utilidades a los propietarios de los colegios. De esa manera –se afirma—, si la rentabilidad promedio de un colegio fuera del 15%, en manos del Estado se ahorra ese rubro.

En realidad, esto no es así, y la prueba más contundente es la realidad de este país. En efecto, siendo la educación estatal gratuita, alrededor de la cuarta parte de la cobertura educativa es privada. Y eso que, según entiendo las circunstancias actuales, la fuente básica de maestros para los colegios privados es el sector educativo público, de modo tal que tampoco logran escapar a los bajos niveles de formación del magisterio mencionados arriba. Por consiguiente, ante las bajas probabilidades de los sistemas de control de las actividades gestionadas por el Estado, la politización total de los sindicatos de maestros y los resultados terribles de calidad educativa es imperativo e impostergable llevar a efecto un cambio radical del modelo educativo.